El sistema de la dependencia, como el de pensiones, también es "insostenible". Así de claro lo ha manifestado la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López, este miércoles en Córdoba durante una mesa de diálogo sobre la cobertura a personas con discapacidad dentro del Foro Economía y Sociedad de Asfaco. 

En toda Andalucía hay 570.000 personas con discapacidad reconocida con el 33% (47.000 de ellas en la provincia de Córdoba) y solo 900 centros de atención específicos, con una oferta de 20.000 plazas residenciales concertadas. Con esa panorámica de la situación dibujada por la directora de El Día, Raquel Montenegro, que ha moderado el coloquio, la consejera admitió que la situación de demanda en el sistema de dependencia es "insostenible", aunque completó la imagen recordando que durante su gestión al frente del área de Inclusión, desde 2019, se han creado 4.553 nuevas plazas (1.700 para personas con discapacidad), comparando con las 283 del gobierno andaluz anterior, y que se han destinado otros 73 millones para la creación de nuevos centros.

La consejera también reconoció el aumento en los retrasos en los centros de valoración de discapacidad, "que siempre los ha habido", agravado más aún por la pandemia. "Nosotros tenemos la culpa", asumió López, quien defendió que en lugar de un plan de choque de contratación para atajar el problema de forma temporal se optó por "coger el toro por los cuernos" y modificar el procedimiento estructuralmente, cambiando la tecnología para optimizar el personal en otras partes del procedimiento más necesarias y no grabando expedientes en un ordenador. "Vamos a un modelo de una única visita para acortar plazos, aunque va a costar tiempo y dinero". 

Aun así, López insistió en que los recursos son limitados, aunque se estire "hasta el último céntimo" y se "rebañe de donde se pueda". Pero la falta de fondos no es solo cuestión autonómica, quiso puntualizar. "Una plaza residencial vale 3.000 euros al mes y del gobierno de españa recibimos 180 euros; el resto son los impuestos de los andaluces". En ese sentido, López reivindicó que el Estado aporte el 50% de dicha cobertura asistencial, achacando que en el último año incluso se ha reducido su aportación 200 millones de euros y 1.400 millones menos de media, cuando uno de cada cuatro personas dentro de este sistema de dependencia son andaluces.

"Jugamos con una mano atada a la espalda. Esto requiere replantearse el sistema", concluyó López, afirmando que la Inclusión será la consejería que más dinero "se comerá" en el futuro "si queremos que el sistema funcione", debido a la situación económica actual y la actual pirámide de población envejecida, ya que "una persona que entra en dependencia ya nunca sale".

Cambio de modelo

A ese cóctel que hacen del sistema de dependencia una estructura insostenible, el presidente de la Fundación Prode, Blas García, añadió el incremento de gastos que han tenido que soportar las entidades sociales relacionados con la inflación o la subida del salario mínimo, mientras la inversión no ha aumentado al mismo nivel.  

García defendió la necesidad de apostar por un cambio de modelo integral, tanto por parte de las entidades como por parte de la administración. El presidente de Prode contó que fue en 2008, con la crisis, cuando en Prode se dieron cuenta que el modelo no era el adecuado al comprobar que el 80% de sus ingresos procedían de la administración. "Estaban todos los huevos en una misma cesta".

Desde entonces, Prode se ha transformado hasta que el 50% de sus ingresos dependen de actividades mercantiles con empresas a través de programas de empleo, como gasolineras, hoteles o ayuntamientos, aprovechando algunas sinergias como la directiva europea que permite a las administraciones reservar un 5% de iniciativas públicas a empresas sociales sin ánimo de lucro que reinvierten los posibles beneficios en la rueda de la denominada "economía social". 

Blas García también señaló que dentro del cambio de modelo es necesario modificar el enfoque en la atención en las personas con discapacidad, que ahora mismo solo se centra en aspectos de carácter básico y necesidades mínimas. "Si buscamos la felicidad de estas personas nos estamos quedando a medio camino. Tenemos que poner el foco en empleo, formación y ocio".

En este sentido, el presidente de Prode reconoció que "existe un problema económico" para redirigir el modelo, pero hay que cambiar la mentalidad actual: "No se puede contemplar que las personas vulnerables son un carga para la sociedad, yo creo que son una oportunidad". García reforzó su discurso con datos de la UE, donde hay "2.800.000 entidades sociales que aportan el 8% del PIB y el 6% de la fuerza laboral". "Ese es el cambio de modelo", ha reivindicado.