El gasto farmacéutico sigue en ascenso debido a distintos factores que contribuyen a que los registros de los dos últimos años marquen una línea ascendente. Aunque en el caso de Córdoba se trata de un incremento menos marcado que los registros a nivel andaluz y español, la provincia sigue la misma tendencia que el resto del país en esta materia. Por un lado, la necesidad por parte de la población en relación al consumo de medicamentos ha aumentado paulatinamente debido a la elevada media de edad que presentan tanto Córdoba como España. La población mayor de 60 años se ha incrementado, lo que se traduce en una mayor demanda de asistencia médica.

Según las cifras proporcionadas por el Colegio de Farmacéuticos de Córdoba, que recoge los datos del Colegio General de Farmacéuticos de Madrid, en 2016 Córdoba registró una facturación de 18 millones de recetas, mientras que en 2017 se llegó a las 18.100.000 recetas, lo que supone un incremento de un 0,5% entre ambos cursos. Este porcentaje difiere de la media de aumento en Andalucía, un 3,22%, y en España, que es de un 2,59%, siendo un incremento notablemente superior al que se ha producido en la provincia cordobesa. Cabe destacar que el 98% de ellas son digitales, evitando también sobrecostes en la producción de recetas- las de papel quedan para casos excepcionales como la asistencia en domicilios.

Las farmacéuticas abonan una parte de las recetas al SAS para reducir gastos públicos

Desde el colegio cordobés aseguran que esta diferencia se debe al "buen trabajo y las formas de emplear los recursos disponibles", que generan una gestión eficiente en toda la provincia y consiguen mantener una diferencia positiva con el resto del país. Estos números relativos a la facturación de recetas se traducen en una inversión mensual, en ambos cursos, de alrededor de 19 millones de euros en Córdoba, lo que deriva en un gasto total de 224 millones en 2016 y 228 en 2017. De nuevo, el incremento en el caso cordobés es inferior a las medias generales, produciendo una sintonía entre las estadísticas de facturación y de inversión. En Córdoba, la variación ha sido del 1,92%, por debajo del 3,22% que se registra a nivel andaluz y del 2,59% a nivel nacional.

La evolución del gasto deja claro que, aunque se presenta un aumento generalizado a lo largo de los últimos años, el control legislativo sobre el mismo es contundente y está teniendo efecto. Además, desde el Colegio aseguran que "las farmacéuticas también ponemos de nuestra parte a la hora de reducir el gasto, no sólo a través de la gestión sino abonando parte de la receta. Esa contribución es independiente del pago del IRPF". En la provincia, las farmacéuticas descuentan mensualmente 600.000 euros del gasto en recetas, por lo que desde las propias farmacias se evita que el gasto se dispare sin control, sin que sea el usuario o los fondos públicos los que reciban el impacto negativo.

Esta aportación se realiza desde 2010 y es común en todo el territorio nacional, ya que durante el periodo de crisis el Gobierno decidió realizar decretos que redujesen el gasto de los fondos públicos. En concreto, el decreto 8/2010, conocido entre farmacéuticos como el decreto Farma industria, que compromete a las farmacias a abonar un porcentaje de la recetas. Respecto a la normativa, desde el Colegio de Farmacéuticos de Córdoba entienden que surgió en una situación de crisis y que, al igual que otros profesionales relacionados con el mundo de la salud, como los médicos o los enfermeros, han recuperado el sueldo que recibían antes de el comienzo de la crisis, debería ocurrir algo similar con la industria farmacéutica y su aportación se retire. "No queremos que nos den más, tan sólo volver a lo que teníamos antes de la crisis, que la situación no nos siga penalizando", explican desde el Colegio.

Por parte del gobierno, existen más decretos que ayudan al control del gasto de los fondos públicos que se basan en las estrategias de precios que los laboratorios elaboran cada año. Por un lado, se establece un límite en base a precios de referencia que sirve como baremo para determinar si un fármaco debe ser subvencionado o no. Para ello, de forma anual los laboratorios elaboran una oferta de medicamentos con los precios a los que se venderán de cara al público. Tras conocerse, se realiza un cálculo para establecer cuál es el precio medio de los medicamentos y todo aquel que sea superior a dicho precio quedará fuera de subvención. Esto beneficia, por lo tanto, a los medicamentos genéricos, ya que su precio suele ser inferior y tienen más oportunidad de quedar por debajo del umbral.

Por otro lado, también se establece un límite de precios mínimos por tipo de medicamento, de nuevo en base a los precios de venta propuestos por los propios laboratorios, de manera que la administración sólo cubrirá los gastos de los medicamentos más baratos de cada tipo para asegurar una cobertura mínima en los tratamientos y evitar la falta de recursos de los usuarios.