Los dos funcionarios niegan haber introducido cocaína en la prisión

Los dos funcionarios de prisiones acusados de introducir cocaína en el centro penitenciario de Córdoba negaron ayer los hechos, aunque uno de ellos reconoció que compraba la droga para su consumo propio. La Fiscalía pide para cada uno de ellos una pena de once años y seis meses de prisión.

Uno de los funcionarios, que responde a las iniciales de M. A. V., aseguró ante el magistrado de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial que en el momento de los hechos padecía un "problema grave de adicción e hice lo que no debía hacer", de modo que reconoció que la droga que los agentes encontraron en su vehículo "era para mi propio consumo" y que "nunca ha traficado". Asimismo, señaló que la cocaína no es una droga que se consuma en prisión, sino otro tipo de sustancias como el cannabis por su efecto relajante.

El otro funcionario acusado por estos hechos -S. S. E.-, por su parte, negó ser consumidor de sustancias estupefacientes, aunque sí reconoció tener una relación de amistad con J. M., acusado en esta causa por un delito contra la salud pública, que, según explicó, surgió mientras éste era preso de confianza mientras se encontraba interno en la prisión de Alcolea. "Después de salir de la cárcel yo lo he llamado a él y él me ha llamado a mí porque teníamos un trato de confianza", aseguró.

En cuanto a su compañero M. A. V., dijo que nunca lo ha visto consumir cocaína "ni hacer nada sospechoso", pero que en alguna ocasión se mostraba nervioso y con un aspecto cansado.

J. M. M., por su parte, declaró ante el juez que se dedicaba a la venta de droga, pero que desconoce si los dos funcionarios de prisiones se dedicaban a introducir sustancias en el centro penitenciario de Alcolea. Del mismo modo, otro de los acusados, M. A. G. P., que se enfrenta a once años de cárcel por un delito contra la salud pública y otro de tenencia ilícita de armas, aseguró que la droga que los agentes encontraron en su vivienda era de su propiedad y que en ningún momento existió una relación de amistad entre él y los dos trabajadores de prisiones, al tiempo que negó que supiera si estos se dedicaron a traficar con cocaína en la prisión.

El Ministerio Fiscal señala en su escrito provisional que en la investigación de la Guardia Civil, tras intervenciones telefónicas, seguimientos y registros en domicilios, se comprobó que tres de los acusados, con antecedentes penales, en los últimos meses de 2010 y principios de 2011, integrados en un grupo organizado, supuestamente planificaron realizar los actos necesarios para introducir en el Centro Penitenciario de Córdoba sustancias estupefacientes, concretamente cocaína, por parte de los dos funcionarios de prisiones que, "incumpliendo los deberes inherentes a sus destinos y cargos, habrían de intervenir en ilícito tráfico, a cambio de precio".