La huelga de funcionarios judiciales que fue convocada a nivel nacional el pasado lunes 17 de abril por el CSIF (sindicato mayoritario en la Administración de Justicia en Córdoba y en Andalucía) junto a STAJ, CCOO y UGT está pasando factura a la justicia cordobesa. En la mañana de este miércoles 10 de mayo, un centenar de manifestantes se han vuelto a concentrar a las puertas de la Ciudad de la Justicia de Córdoba para reclamar "retribuciones justas" y "dignidad para los trabajadores".

Exigencias que se han podido ver, acompañadas del estridente ruido de silbatos y sirenas, en las pancartas que también han pedido la dimisión de la ministra de Justicia, Pilar Llop. Los funcionarios van por su cuarta semana de una huelga por la que exigen "una subida salarial digna" que sea "acorde con las funciones que desempeñan" y que esté en la línea con la aprobada para el cuerpo de letrados, estimada entre 350 y 430 euros, aproximadamente.

Las consecuencias de la huelga están retrasando por meses los juicios en toda España y, por supuesto, también en la provincia cordobesa. Tal y como ha adelantado el CSIF a el Día, solo en Córdoba capital hay un total de 1.510 demandas judiciales que no se han podido registrar desde el pasado 20 de abril hasta ahora, además de 150 asuntos sociales, 60 demandas contenciosas y 350 inscripciones, mayoría de funciones.

Como ha estimado el responsable de CSIF justicia de Córdoba, Antonio González, estas demandas que están todavía pendientes de registrar y enviar no tendrán un proceso judicial hasta después del próximo verano. "Existen suspensiones de lanzamientos y embargos de gente a la calle y las salas de vistas de la Ciudad de la Justicia están diariamente casi vacías porque no se celebran juicios", ha detallado el representante sindical.

Así, hasta que el Gobierno no llegue a un acuerdo ante las exigencias de los funcionarios judiciales, la gran mayoría de los juicios seguirán sin celebrarse y esas 1.510 demandas que no se han podido registrar aumentarán. Como ha destacado el responsable de CSIF de Justicia de Córdoba, "la ciudadanía es la que sufre las consecuencias", mientras que el Ministerio está más preocupado de "evitar una huelga de jueces y fiscales que de arreglar esta".