La justicia en España no sale de la borrasca que la envuelve desde que el pasado mes de febrero los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) detuvieran casi en seco, durante más de dos meses, el desarrollo de la actividad judicial, arrastrando la suspensión de 350.000 juicios y más de 400.000 demandas pendientes, hasta que el Ministerio de Justicia puso fin aprobando una subida retributiva de 450 euros brutos mensuales.

Desde entonces, como si se hubiera disparado un efecto contagio, el resto de patas que componen el proceso judicial -el cuerpo de funcionarios (gestores procesales, tramitadores procesales, auxilio judicial,...) y los jueces y fiscales- han asumido el peso de las reivindicaciones, poniendo de nuevo en jaque la actividad judicial. Golpearon primero los funcionarios, con paros temporales los días 17 y 24 de abril, y uno último de 24 horas este 4 de mayo. Los últimos en sumarse han sido los jueces y fiscales con una convocatoria de huelga indefinida, prevista a partir del 16 de mayo.

La convocatoria no está exenta de polémica, ya que a ella no se han sumado las asociaciones progresistas, Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF), a pesar de que afirmaban compartir el diagnóstico de las cinco asociaciones convocantes: la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales.

"El Ministerio (de Justicia) ha ido dando largas hasta que ha llegado un momento en que los jueces y fiscales se han cansado", responde a la llamada de este periódico el juez decano de Córdoba, Miguel Ángel Pareja, que ofrece su versión sobre la situación, aclarando que se mantiene ajeno a las posturas de las asociaciones y colectivos convocantes.

La primera reacción del ministerio que dirige Pilar Llop, una vez sabida la llamada a la huelga de jueces y fiscales, fue tacharla de "oportunista" por el contexto electoral en que había sido convocada. "Es un grave problema de los poderes ejecutivos si empiezan a achacar que los jueces van a la huelga por motivos electorales; nosotros podemos demostrar que no es así, que llevamos años reivindicando lo que reivindicamos", justifica Pareja.

Miguel Ángel Pareja, juez decano de Córdoba.

Y es que habría que retroceder hasta el año 2008 para encontrar la última vez que había sido convocada la denominada mesa de retribuciones -el único instrumento legal previsto para abordar las condiciones profesionales de la carrera judicial y fiscal, y en el que debe estar presente el Ministerio de Hacienda-.

Finalmente, se terminó citando a las partes de dicha mesa este miércoles 3 de mayo. ¿El resultado? Cinco horas de negociación entre representantes ministeriales y convocantes, que han quedado pospuestas a un nuevo encuentro el próximo lunes 8 de mayo.

Entre las razones que alega el gremio de jueces y fiscales se encuentra la pérdida de poder adquisitivo acumulada durante la última década, tasada en torno a un 20%, según cálculos de los convocantes. Aunque "no todas las reivindicaciones son salarios", aclara el juez decano en Córdoba, también aluden a la falta de modernización de la Justicia, de dotación de medios materiales o a la falta de jueces: "Los juzgados están sobrecargados y eso lleva a la pérdida de calidad y el colapso de la justicia".

Hasta el momento, ha trascendido en medios nacionales que el Ejecutivo ofreció el pasado miércoles una suma de 44 millones de euros de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para paliar las exigencias salariales. Una cantidad que vendría a solventar un 6% del poder adquisitivo perdido que reclaman los jueces, según detalló Europa Press. Sin embargo, y a pesar de que todo apunta que habrá un acuerdo entre las partes, las asociaciones y colectivos no han desconvocado la huelga.

"Cada dos meses de huelga nos van a suponer cinco meses de retraso como mínimo"

En este sentido, Pareja desea que se busque una solución y apela a la responsabilidad de la mesa para evitar la huelga, aunque, por otro lado, reconoce que su reivindicación no se quedaría solamente en una mejora de las retribuciones salariales. En cualquier caso, el juez decano se desmarca de lo que termine ocurriendo: "Yo no he convocado la huelga, yo estoy dando mi opinión por lo que yo haría huelga, pero no sé qué van a hacer los convocantes, si se van a quedar exclusivamente en el dinero o si van a intentar conseguir unas condiciones mejores para que el ciudadano tenga una respuesta de calidad y en el menor tiempo posible".

Las consecuencias en Córdoba

Como ya publicó El Día, la huelga de los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) dejó su factura en los tribunales cordobeses provocando la suspensión de 4.000 actuaciones (juicios, comparecencias, declaraciones) desde el inicio del mismo paro.

"Una nueva huelga indefinida le haría mucho daño a la administración de justicia, sin duda", asegura Pareja. "Cada dos meses de huelga nos van a suponer cinco meses de retraso como mínimo, porque son dos meses que tenías señalados, más dos meses que te han entrado y no has señalado, más luego mover los engranajes que cuestan por lo menos otro mes". Durante los meses de huelga de los LAJ, Pareja, magistrado titular del Juzgado de lo Penal 3 de Córdoba, se vio obligado a suspender 113 juicios, mientras que en las movilizaciones de los funcionarios judiciales ya ha suspendido 18 juicios. "Parecen pocos, pero son muchos", sentencia.

En medio de lo que consideran una "situación insostenible", el Colegio de Abogados de Córdoba se pronunció hace una semana recriminado que es "la abogacía quien está sufriendo las consecuencias de la huelga", pues "los LAJ ya han tenido su subida y los funcionarios tendrán sus nóminas a final de mes, mientras que los abogados llevan sin facturar desde principios de año".

"Comprendo al Colegio de Abogados, pero no puedo entrar a valorar las razones de uno u otro", señala el juez decano al respecto. "En las huelgas todos sufren las consecuencias: el ciudadano, por su derecho a la tutela judicial efectiva y su derecho a obtener una resolución sin dilaciones indebidas; el abogado porque no puede facturar y el que está en huelga porque no cobra. Todo es, en teoría, y así lo pienso, en beneficio de la Administración de Justicia, pero por el momento parece que hay que sufrir para mejorar".