La huelga de los Letrados de la Administración de Justicia, que se ha prolongado durante más de dos meses, ha dejado su factura en los tribunales cordobeses. Y es que el paro de estos letrados, según fuentes jurídicas a las que ha tenido acceso El Día, ha provocado la suspensión de 4.000 actuaciones (juicios, comparecencias, declaraciones) desde el inicio del mismo paro.

La huelga estaba convocada por tres asociaciones: la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ), la Asociación Independiente de Letrados (AinLAJ) y el Colegio Nacional de Letrados. Rodrigo recuerda que la movilización tiene su origen en la falta de adecuación salarial a las mayores funciones y responsabilidades atribuidas por la Ley 13/2009, descargadas a los jueces, e incrementadas en sucesivas reformas, en especial la de 2015. Esto, denunciaron, ha provocado un "insoportable desequilibrio".

Además de los citados 4.000 juicios suspendidos en Córdoba, el paro también ha provocado que actualmente haya 30 millones de euros en la provincia paralizados, es decir, pendientes de entrega, según las mismas fuentes.

Con estos datos y una vez que la huelga se ha desconvocado, las citadas fuentes han señalado que la actividad judicial no retomará la normalidad hasta 2025, mientras que la cantidad de dinero retenida se "sacará poco a poco". 

Una vez que ha concluido el paro, según ha podido saber este periódico, en la provincia de Córdoba se está preparando una instrucción para establecer un periodo de notificación de escritos, demandas admitidas a trámite -entre otros trámites, de manera escalonada a partir del miércoles 29 de marzo para reactivar el trabajo de los juzgados.

Los convocantes señalaron como "detonante" del conflicto el acuerdo que Justicia firmó en diciembre de 2021 con los sindicatos de los cuerpos generales "sin desarrollar debidamente la adecuación salarial a las últimas reformas procesales previstas".

Ahora, el 76% de los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) se mostró a favor de aceptar en la reunión con el Ministerio la propuesta que les puso sobre la mesa el equipo de Pilar Llop -una subida de hasta 450 euros brutos al mes-, lo que ha puesto fin a la huelga que mantienen desde el pasado 24 de enero en busca de mejoras salariales que compensen la carga de trabajo asumida en los últimos años.

Las asambleas provinciales de los letrados de la administración de Justicia votaron este lunes  a favor de la propuesta de acuerdo del Ministerio de Justicia para poner fin a la huelga indefinida.

Los letrados recibirán un complemento mensual en sus nóminas que se situará entre los 430 y los 450 euros brutos, según los diferentes niveles y funciones.

Acuerdo

En un comunicado remitido por el Colegio Nacional de Letrados (CNLAJ), el comité de huelga explica que el objetivo es firmar este lunes en el ministerio el texto para acabar con el paro, después de aclarar "algunos términos del acuerdo final que quedan por matizar".

El acuerdo cierra un capítulo de protestas, pero CCOO avisa ya de que quiere que el incremento salarial se extienda a todos los cuerpos funcionariales del juzgado, y jueces y fiscales tienen ya convocadas reuniones con el Ministerio en los próximos días.

Los huelguistas trasladarán formalmente su decisión al Gobierno, después de que en la última semana se hayan intensificado las reuniones encabezadas por la secretaria de Estado de Función Pública, Lidia Sánchez Milán, y por el secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Manuel Olmedo.

Mediante este acuerdo, los letrados aceptan renunciar a la reivindicación de la que han hecho su bandera durante estos más de dos meses de paro, la llamada cláusula de enganche, por la que pedían que su sueldo se viera referenciado al de jueces y fiscales para no cobrar nunca menos del 85% respecto a estos dos operadores jurídicos.

A cambio, se realizará una subida paulatina de entre 430 y 450 euros brutos mensuales en sus sueldos, que, según Justicia, se sitúan en estos momentos entre los 40.000 y los 60.000 euros al año.

De un total de 2.029 letrados que han votado en toda España, la gran mayoría ha apoyado la propuesta de Justicia: el 76 % ha votado a favor y el 21 % en contra, con una abstención del 3 %, según el CNLAJ.

Los últimos datos facilitados por el comité de huelga cifran el impacto del paro en más de 360.000 juicios suspendidos, 424.000 demandas pendientes de reparto y 1.280 millones de euros parados en las cuentas de consignaciones de los juzgados, un escenario que no hará posible "recuperar la normalidad durante 2023".

Según Justicia, el 20,22% de los letrados ha secundado este lunes la huelga, mientras que los convocantes sitúan esta cifra en torno al 78%.