La huelga indefinida que desde el pasado 24 de enero mantienen los letrados de la Administración de Justicia (antiguos secretarios judiciales) ha obligado hasta el momento a suspender más de 1.200 actuaciones en Córdoba capital y la provincia, entre juicios, actos de conciliación, comparecencias y declaraciones, según los datos facilitados a El Día por el secretario coordinador, José Antonio Guerra. El cuerpo de letrados exige al Ministerio de Justicia mejoras económicas y estatutarias ya comprometidas pero que nunca han llegado a aplicarse.

En el conjunto de Córdoba, hay 65 letrados activos y dos plazas vacantes, que de manera mayoritaria están siguiendo la huelga. De hecho, de acuerdo a los datos facilitados por María Elena Rodrigo, portavoz de una de la asociaciones convocantes, Córdoba es la provincia con una mayor participación de toda España, con entre el 75 y el 84% de seguimiento entre los funcionarios.

La huelga está convocada por tres asociaciones: la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ), la Asociación Independiente de Letrados (AinLAJ) y el Colegio Nacional de Letrados. Rodrigo recuerda que la movilización tiene su origen en la falta de adecuación salarial a las mayores funciones y responsabilidades atribuidas por la Ley 13/2009, descargadas a los jueces, e incrementadas en sucesivas reformas, en especial la de 2015. Esto, denuncian, ha provocado un "insoportable desequilibrio".

Los convocantes señalan como "detonante" del conflicto el acuerdo que Justicia firmó en diciembre de 2021 con los sindicatos de los cuerpos generales "sin desarrollar debidamente la adecuación salarial a las últimas reformas procesales previstas".

Antes de que empezara la huelga, la ministra de Justicia, Pilar Llop, pidió al comité de huelga que huyera de "posiciones maximalistas" porque impedían "buenos acuerdos". Por su parte, el secretario de Estado de Justicia, Antonio Rodríguez, aseguró que la huelga de los LAJ era una medida "política" y que estaba "fuera de lugar". E incidió en que "cualquier tipo de reclamación económica que tiene lugar en esta huelga no tienen un sentido", puesto que el Ministerio "ha cumplido todos los acuerdos" alcanzados con la representación de estos trabajadores.

Las declaraciones de los responsables ministeriales solo han echado más leña al fuego. Y en Córdoba los letrados, en la última asamblea celebrada esta semana, apostaron por unanimidad -subraya Rodrigo- por continuar con las movilizaciones, lo que se traducirá en la suspensión de más vistas orales y comparecencias, que llevan tres semanas reducidas al mínimo. "Lamentablemente, sabemos que todo esto está provocando perjuicios, pero la responsabilidad es del Ministerio, que hasta el momento no se ha querido sentar a negociar", incide Rodrigo desde Córdoba. Y asegura que desconvocarán la huelga en el momento en que aprecien un "compromiso sano y firme" para iniciar una negociación por parte del Gobierno.

En todo caso, los funcionarios subrayan que los servicios esenciales establecidos -23 letrados por jornada- "se están cumpliendo". Y esto permite atender la cuestiones urgentes, como episodios de violencia de género, casos en los que hay menores implicados, la asistencia a detenidos, causas con preso o el acuerdo de medidas cautelares.