El virus SARS-CoV-2 no discrimina entre clases sociales, no consulta la cuenta bancaria y no distingue entre el estatus de los pacientes. El príncipe Joaquín, sobrino del rey Felipe de Bélgica, es la persona que ha dado positivo por coronavirus en la fiesta que se celebró en Córdoba el pasado 26 de mayo, según han confirmado fuentes del Palacio Real belga citadas por distintos medios europeos tras hacerse público este episodio en la tarde del viernes.

El hecho ha provocado que las casi 30 personas que asistieron al evento se encuentren en cuarentena y que la Policía Nacional haya abierto una investigación; la fiesta podría acarrear multas de hasta 280.000 euros, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno de Córdoba.

El Palacio Real belga, según Efe, ha confirmado que el príncipe Joaquín, hijo de la princesa Astrid y el príncipe Lorenzo, pero hasta el momento un desconocido en España, se habría desplazado el 24 de mayo en un vuelo comercial y con un permiso de entrada en el país, pese a las restricciones por la pandemia, debido a que realiza unas prácticas empresariales aquí. El 26 de mayo participó en “una reunión” en Córdoba y ahora deberá permanecer en España guardando cuarentena, añadieron.

Varios medios belgas apuntan a que el joven aristócrata, de 28 años, tiene una relación desde hace varios años con la española Victoria Ortiz Martinez-Sagrera. La información llega después de que haya trascendido que la Policía Nacional española investiga una fiesta privada ilegal de la alta sociedad en la que un turista extranjero dio positivo por coronavirus, lo que puso en cuarentena a todos los asistentes.

La subdelegada de Gobierno, Rafaela Valenzuela, expresó su profundo “malestar e indignación por conductas irresponsables que ponen en riesgo todo lo conseguido de manera ejemplar por la sociedad cordobesa durante estado de alarma y el confinamiento”. Valenzuela aseguró que se impondrán las sanciones pertinentes en caso de que confirme conductas irregulares. Asimismo, agradeció a las autoridades sanitarias la rapidez en la identificación y comunicación de los hechos.

El Ayuntamiento de Córdoba, a través de su delegado de Seguridad, Miguel Ángel Torrico, también expresó su malestar por el suceso y pidió “máxima contundencia” en las sanciones a los implicados.

La Junta de Andalucía denunció el viernes ante la Subdelegación del Gobierno en Córdoba la reunión, mientras que las autoridades abrieron una investigación por posibles irregularidades en cuanto al número de participantes, dado que las directrices en la fase 2 en la que está la provincia permiten un máximo de 15 personas por reunión. Además, según la notificación a la que tuvo acceso el Día, fijaba la residencia de cinco de las personas en Sevilla, lo que podría sumar un desorden más al estar en estos momentos prohibida la movilidad interprovincial.