África Occidental es una de las regiones más precarias del mundo; casi uno de cada tres de sus más de 400 millones de habitantes está afectado por la pobreza extrema. Entre los 16 países que la integran se encuentran Guinea-Bissau y Senegal, ambos a la cola en cuanto a nivel de vida, según el Índice de Desarrollo Humano que elabora Naciones Unidas. El primero ocupa el puesto 177 y, en él, el 67% de su población vive con menos de dos dólares al día; ese porcentaje baja al 38% en el segundo, que es el 170 en las estadísticas de IDH. Ambos territorios apenas están separados por una línea fronteriza que no distingue de nacionalidades, sino de necesidades. Y son muchas.

Y compartidas, porque por si fuera poco tienen en común el fenómeno de la migración, pues ambos países sufren todavía las consecuencias del conflicto armado de la Casamance, hace más de 35 años, que dejó hasta 5.000 muertos, más de 230 comunidades abandonadas y unos 60.000 desplazados senegaleses, según los datos del propio gobierno. Los efectos en Guinea-Bissau se reflejan aún hoy en la recepción de gran parte de esa población refugiada.

A un lado y otro de ese límite imaginario que separa Guinea-Bissau y Senegal se concentran cuatro comunidades que comparten paisaje, idioma, historia… son Cassou y Bujim, en la región guineana de Cacheu, y Youtou y Kaguitte, en la senegalesa de Ziguinchor. Las cuatro, que suman unos 8.500 habitantes -con ligera mayoría de mujeres-, también tienen como nexo la cultura, que gira entre la Felupe y la Djola, respectivamente; si bien conviven con otras etnias minoritarias (Mandingas, Peules/Fula, Mandjaque, Serere o Sarakholé) que dan aún más riqueza a una zona que vive ajena a todas las bondades que se conocen en el mal llamado primer mundo; allí la prioridad es vivir.

“La vida en estos pueblos costeros, rodeados de manglares, está marcada por el calendario agrícola y la producción de arroz, que es eje su social y cultural”, relata desde la zona Nuria Perea, técnica de proyectos de la ONGD Bosque y Comunidad en un área que se sitúa a lo largo de un brazo del río Casamance, que desemboca en el océano Atlántico, donde ahora va a cumplir un año como cooperante.

Allí, el colectivo, nacido en Córdoba en 1992, tiene el reto de mejorar la calidad de vida de sus habitantes con proyectos que van más allá de la simple ayuda asistencialista, y que tienen valores añadidos como la sostenibilidad ambiental y el enfoque de género. "Frenar las consecuencias del cambio climático es básico", sostiene Perea, pues el incremento del nivel del mar intensifica la presión sobre este afluente y provoca la intrusión del agua salada en las tierras de cultivo.

Un hombre comprueba el estado de la plantación de arroz.

De esta forma, explica la granadina, "la salinización del suelo ha reducido la productividad agrícola, ocasionando la pérdida de ingresos y un deterioro en la seguridad alimentaria de las comunidades, que dependen en gran medida de la agricultura para su subsistencia". Una situación que afecta de "manera desproporcionada" a la población femenina, más vinculada al trabajo de tierra, y también a los jóvenes, que protagonizan "una migración forzada" por la escasez de empleo.

Todo eso cimenta una parte clave del proyecto de la ONGD: la recuperación de los manglares, perdidos en gran medida también por la acción negativa del hombre, y que tienen una función crucial como barrera natural para frenar la entrada de agua salada y prevenir la erosión por la acción de sus raíces.

Porque haciendo suyo un conocido proverbio chino que es axioma en el mundo de la cooperación al desarrollo -"dale un pez a un hombre y comerá un día; enséñale a pescar y comerá el resto de su vida"-, Bosque y Comunidad se afana en trabajar en estos cuatro núcleos rurales "fortaleciendo las capacidades de los titulares de derecho (las comunidades rurales), los titulares de responsabilidad (ONGs y sector privado, entre otros actores), y titulares de obligaciones (instituciones públicas y entidades locales responsables) para la toma de decisiones sobre la gestión de recursos que permita el desarrollo socioeconómico" de la zona, como recuerda Marie Faisandier, francesa y coordinadora de ByC en África Occidental que lleva un año en el proyecto y camino de dos trabajando con la ONGD.

De esta manera, las ideas y manos amigas que llegan desde Europa, junto a las ganas de prosperar de la población local, confluyen en el objetivo común de tratar de plantar cara a los desafíos del cambio climático para mantener la base de subsistencia de estos núcleos rurales, que giran en torno a la agricultura y tienen el arroz como producto principal.

Pero ¿qué ha hecho ya ByC en esta zona del África Occidental marcada por sus altos niveles de pobreza? De momento, ya ha concluido la primera fase -Fomento del desarrollo socioeconómico basado en la adaptación y mitigación al cambio climático con enfoque de género en cuatro comunidades transfronterizas Cassou e Budgim en Guinea-Bissau y Youtou y Kaguitte en Senegal- de un proyecto más ambicioso que ya trabaja en su segunda parte.

Esta iniciativa, que tiene como objetivo reducir la pobreza y la vulnerabilidad ante el cambio climático en estas regiones transfronterizas, mediante el desarrollo de actividades de mitigación y adaptación a este fenómeno mejorando la gestión y rendimiento del ecosistema manglar, ya ha logrado efectos concretos.

Según la información facilitada por la propia ONGD, se han reforestado 46 hectáreas de manglar y se han construido cinco diques anti sal, además de levantarse 55 cocinas mejoradas que han reducido entre un 50% y un 70% el uso de leña, lo que se traduce en una mejora de la calidad de vida, sobre todo de las mujeres -y sus niños-, ya que disminuyen la exposición al humo y, con ello, decae la prevalencia de enfermedad.

Pero, además, la reforestación ha permitido "sensibilizar a las comunidades sobre la importancia de la conservación del manglar", apunta Nuria Perea, que insiste igualmente en que la construcción de los diques ha facilitado la recuperación de "parcelas de arroz que estaban degradadas", consiguiendo una producción que antes no se tenía.

Sin embargo, ahí no queda la cosa. La implantación de máquinas descascaradoras de arroz ha mejorado la labor de 169 familias, generando un ingreso de más de 1.000 euros, lo que ha ayudado "a la mejora de la economía comunal" en una zona que es de las más precarias del planeta. A eso hay que sumar la implementación de actividades de apicultura y salicultura, que han abierto nuevas vías de diversificación económica y que también han presentado cifras positivas.

En resumidas cuentas, el proyecto se divide en dos líneas de acción, una con actividades de conservación, que incluyen la reforestación y la construcción de diques y fogones, y otra económica, cuyos objetivos pasan por la producción de sal solar, para lo que se requiere de formación, apoyo y adquisición de material; y la producción de miel, con las mismas labores de educación formativa y sustento, a lo que se suma la autoconstrucción de colmenas.

Dos mujeres, en una de las cocinas nuevas.

Esta fase I del proyecto, que ha arrojado resultados "muy positivos", pretende tener continuidad con una segunda - Fortalecimiento de titulares de derechos, responsabilidades y obligaciones para el desarrollo socioeconómico en base a la adaptación y mitigación al cambio climático y enfoque de género en cuatro aldeas transfronterizas de Guinea-Bissau y Senegal- que ya ha sido presentada a la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aacid). "Nuestra intención es continuar el proyecto para reforzar las actividades y aumentar las capacidades de nuestros beneficiarios para elevar su número y también los beneficios”, expone Marie Faisandier.

En ese plan trazado a partir de este 2024, Bosque y Comunidad tiene previsto aumentar en otras 25 hectáreas la reforestación de manglar, además de construir otros seis diques anti sal y otros 55 fogones para otras tantas familias, e incorporar 130 mujeres y 42 hombres como beneficiarios de las actividades de salicultura y apicultura.

A esto se añade una gran apuesta que pasa por la alfabetización de las mujeres beneficiarias, por lo que un total de 60 tendrán acceso a las aulas "con una metodología adaptada, ya que la mayoría tiene problemas para poder comunicarse y realizar pequeñas cuentas", señala Perea, que refuerza que estos problemas repercuten "en falta de seguridad para acceder a espacios de decisión y realizar transacciones básicas con la venta de sus productos".

Objetivos de Bosque y Comunidad

Esta Organización No Gubernamental para el Desarrollo (ONGD) nacida en Córdoba hace más de 30 años (1992) fruto de la unión y afán solidario de profesionales del sector forestal -vinculada en su inicio al Departamento de Ingeniería Forestal de la Universidad de Córdoba (UCO)- y de la cooperación internacional pretende promocionar "el desarrollo humano sostenible en las comunidades rurales, principalmente en países del Sur a través de la gestión sostenible y participativa de los recursos naturales, favoreciendo la apropiación y participación de todos los actores", apunta el colectivo.

Así, su desafío primordial no es otro que mejorar las condiciones de vida de estos núcleos de población, principalmente en países en vías de desarrollo, a través de la gestión de los recursos naturales desde una perspectiva sostenible, participativa y con enfoque de género, y que conserve la biodiversidad para las generaciones futuras. Y el continente africano, tan poblado como pobre, es su base principal de operaciones.

De hecho, los objetivos de Bosque y Comunidad encuentran en la región de África Occidental un lugar perfecto para su implantación, si bien también ha dejado su huella en Cabo Verde, Marruecos, o incluso América Latina (Perú y Bolivia). Esta ONGD tiene una de sus dos delegaciones internacionales en esta zona -cuenta con otra en África Oriental, cuya actividad está centrada en Mozambique, con hasta once proyectos en diversas localizaciones-, coordinadas ambas desde su sede central en Córdoba. En total, una decena de personas que con su labor apoyan y defienden el derecho de las comunidades rurales a utilizar los recursos naturales y a disfrutar de los beneficios que aportan. Todo con la base de promover el desarrollo humano sostenible y luchar contra el cambio climático.

Más allá de los proyectos centrados en esas cuatro comunidades que viven a orillas del río Casamance, la actividad de ByC en la zona incluye hasta siete programas, la mayoría de ellos concentrados en el país más precario de los dos: Guinea-Bissau, donde la ONGD trabaja desde hace más de una década con financiación de la Aacid, pero también de la Diputación de Córdoba, la Unión Europea, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y Expertise France (como se conoce a la agencia francesa de conocimientos técnicos internacionales). De esos planes, hasta cinco afectan a diversas localizaciones de la capital, Bissau, y otro, a las islas de Urok.

A la espera de recibir el visto bueno para esa segunda fase del proyecto en Guinea-Bissau y Senegal, el colectivo considera que “es importante” que los resultados del proyecto tengan “una mayor visibilidad”, dado que de esta manera “pueden ayudar a otras organizaciones a conocer cómo comunidades de diferentes culturas, pero con un ecosistema similar, se están adaptando al cambio climático y están obteniendo un rendimiento económico, mejorando sus espacios de vida y fortaleciendo sus estructuras organizacionales comunitarias, y en especial, de las mujeres”.