Los tres meses de paralización casi absoluta de la justicia durante el confinamiento de marzo ayudaron a una disminución general de los delitos en Córdoba, siendo la bajada de asuntos penales junto al retraso de hasta un año en los señalamientos de los datos más destacados que ha ofrecido el presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba, Francisco de Paula Sánchez Zamorano, en su memoria anual de actividades y funcionamiento del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla en relación con la provincia. 

Así, en lo Penal se han registrado casi 3.000 asuntos menos que durante el año 2019 debido a los tres meses de paralización porque no se levantaron casi atestados por la Policía durante el confinamiento, más allá de los relacionados con las restricciones del covid-19, mientras que en lo Civil el descenso alcanza los 200 asuntos, con 1.578. Sánchez Zamorano defiende que la tasa de resolución en este apartado "es altísima" por lo que hay un descenso en los asuntos pero un aumento en su resolución. 

Asimismo, la bolsa de asuntos pendientes también disminuyó. En este sentido, denuncia que "los magistrados superan con creces el módulo referencial de carga de trabajo, establecido en 200 asuntos". La memoria de actividades prevé la creación de plazas en las secciones penales y civiles, mientras ocurre, han tenido que trabajar en el equilibrio de la carga de trabajo de cada magistrado. 

Los tres meses de paralización casi absoluta de la justicia durante el confinamiento de marzo "ya se arrastran" porque hubo que reestructurar las agendas de los juicios o paralizar otros por positivos entre los abogados, testigos o acusado y se ha dilatado el tiempo de los señalamientos, que antes se situaba en cinco o seis meses y que se ha duplicado. Ahora el tiempo de espera es de casi un año para un señalamiento.

Aún así, Sánchez Zamorano defiende que la bolsa de asuntos pendientes ha descendido pero que aún esperan una avalancha en los juzgados de lo Mercantil por la crisis económica, los despidos y los desahucios que prevén este año. La situación ya ha sido alertada en varias ocasiones y asegura que se verá reflejada en los datos de 2021.  

La bolsa de pendientes en el Juzgado de Cláusulas Suelo es la que más preocupa, con 5.661 asuntos. La plantilla es de dos jueces, con lo que esperan "conseguir ir aminorando esa importante bolsa de asuntos".

Los delitos cometidos por menores en la provincia de Córdoba también disminuyeron, con 452 asuntos frente a los 568 del año 2019. En el Juzgado de Menores estos asuntos están relacionados, sobre todo, "con malos tratos a familiares, robos o abusos sexuales", según ha detallado Sánchez Zamorano, que asegura que habría que estudiar la incidencia de la pandemia y los tres meses de convivencia familiar en este aumento. 

En materia de violencia de género los datos están "estabilizados", de modo que en 2019 se registraron en Córdoba y provincia 2.893 asuntos, frente a los 2.845 de 2020. Las denuncias en 2020 fueron 2.039, frente a 1.933 de 2019, cien denuncias más. El juzgado de la capital registró al menos 1.800 asuntos y el de la provincia 1.082. La protección a las víctimas sí se ha incrementado, según estos datos, anotando 380 ordenes, el 80% incoadas, frente a las 348 del año 2019. El 52% de las sentencias dictadas fueron condenatorias. 

El grueso de los asuntos derivan de denuncias de familiares y de la Policía. El juzgado de violencia sobre la mujer "tiene una sobrecarga" de trabajo por lo que Sánchez Zamorano considera importante crear un nuevo juzgado en la materia en Córdoba capital para centralizar las denuncias de la provincia, algo que considera "políticamente incorrecto" de decir pero asegura que "no dan los números para lograr la comarcalización". El magistrado considera que "no se trata de alejar la justicia del ciudadano, no pasa nada si a los juzgados de la provincia se le quitan las competencias exclusivas de violencia de género, porque aliviaría muchísimo" la carga de trabajo y tiempos de espera. 

Por otra parte, las macro causas pendientes por solventar en Córdoba registran 80 investigados por falsedad y falsificación, 25 investigados por tráfico de drogas y grupo criminal y 489 asuntos por fraude a la seguridad social, de los que 121 han aceptado las penas solicitadas. 

Déficit de jueces en Córdoba 

Sánchez Zamorano cifra en unos seis magistrados el déficit en Córdoba. Según sus cálculos, se necesitan mínimo dos jueces en Primera Instancia, "que están sobrecargados", dos en Provincial, uno en Penal y uno en Civil, además de un refuerzo con la comisión de servicios para "liberar los atascos" y aligerar la carga de trabajo en la justicia de la provincia. 

Ante este panorama, la creación de una oficina judicial en Córdoba "es ya muy importante" aunque no cree que este año se vaya a poner en marcha. Con ella, ya no sería necesario crear más juzgados en la provincia. 

En este sentido, Sánchez Zamorano ha alertado de un aumento considerable en las jubilaciones voluntarias de magistrados con poco más de 60 años que "nunca antes se había visto". En España hay prevista la creación de 60 plazas de jueces este año, de ellas 16 serán para Andalucía, un territorio con 1.000 jueces y en una situación en la que cada día se jubilan más magistrados, según alerta Sánchez Zamorano. "Los jueces siempre aguantaban hasta la edad forzosa y con 16 unidades difícilmente se puede llegar a la tasa de reposición, con lo cual seguimos con déficit de jueces". 

Además, denuncian la poca previsión que se tuvo para cubrir bajas relacionadas con la convivencia de las mujeres magistradas por causas familiares. El magistrado considera que la poca previsión "la sufre el ciudadano" y critica que "no vale reconocer derechos si no hay economía para sostener esos derechos".

Por último, ha asegurado que los mecanismos alternativos de mediación intrajudicial "no terminan de arrancar, no con el dinamismo que desearíamos", critica, y asegura que España es el tercer país que más se tarda en resolver litigios y el quinto con la ratio de jueces por 100.000 habitantes más baja.