El estado de alarma por el coronavirus ha provocado el aplazamiento en la provincia de Córdoba de más de 2.000 juicios que, en su mayoría, ya están señalados para su celebración. Sin embargo, durante estos tres meses de parón consecuencia de la pandemia, la Audiencia Provincial siguió funcionando y dictó unas 400 resoluciones, mientras que la Sección Civil dictó otras 600. 

Estos datos los ha ofrecido este martes el presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba, Francisco de Paula Sánchez Zamorano, en su memoria anual de actividades y funcionamiento del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla en relación con la provincia. En este sentido, la preocupación evidente es el impacto que va a tener esta crisis en el plano judicial y que podría aparecer tras el verano con una avalancha de casos en el ámbito mercantil, laboral y civil.

"La pandemia no ha estropeado mucho lo ya estropeada que estaba la administración de la justicia en la provincia", ha sentenciado Sánchez Zamorano, pero sí "se ha puesto de manifiesto la deficiencia de la Administración prestacional, el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial, y esas carencias y falta de coordinación han sido agudas", ha continuado. 

El presidente del TSJA ya había dado las nociones generales de la situación en su última visita a Córdoba y, este martes, Sánchez Zamorano ha confirmado que un cambio es imprescindible y necesario. Así, se ha referido a la creación del nuevo Juzgado de lo Social que, según ha dicho, debería comenzar a funcionar en el último trimestre de este 2020. En Córdoba los juzgados de lo social están sobrecargados con 3.800 asuntos pendientes. 

Los procedimientos concursales descendieron en el año 2019, lo que supuso un alivio para los funcionarios del Juzgado de lo Mercantil, aunque Sánchez Zamorano defiende la creación de un nuevo juzgado "por la crisis económica que se viene consecuencia de la pandemia; se avecina una negra en materia de reclamaciones y de concursos de empresas".

Hacen falta jueces, pero también una nueva organización territorial, defiende el magistrado. La ratio en Europa es de 15 jueces por 100.000 habitantes mientras que en España solo alcanza los 11. Para Sánchez Zamorano, el modelo judicial "es totalmente obsoleto, hace falta concentración de jueces y de recursos humanos para optimizar los recursos". 

La litigiosidad es de un 11% en Andalucía, 11 puntos menos con respecto al año 2018. Sin embargo, Sánchez Zamorano defiende la mediación interjudicial para eliminar carga a la judicialización de la vida social, ya que "esto se ha puesto en marcha, pero los resultados todavía son muy pobres". Durante el 2018 hubo 144 derivaciones a la mediación, mientras que en el año 2019 "no ha habido gran avance".

Violencia de género

Los casos por violencia de género suponen un repunte en los datos. En el año 2019 se registraron en Córdoba y provincia 2.845 asuntos, 175 más que en el ejercicio anterior, mientras que las órdenes de protección alcanzaron las 348, siendo condenatorias un 60% de las sentencias. El 2019 fue un año negro en esta materia, no solo por el repunte de denuncias sino por la letalidad de las situaciones. 

El nivel de ingreso de asuntos del módulo de violencia sobre la mujer es de 1.600 asuntos de media, mientras que en Córdoba entran cerca de 1.900 asuntos al año, una sobrecarga significativa, aunque Sánchez Zamorano destaca el trabajo de los funcionarios para estar al día. 

Otros datos

Los procedimientos penales del Juzgado de Instrucción de Córdoba que "funcionan perfectamente" ingresaron 27.000 asuntos, 2.000 más que en el año 2018.

La Audiencia Provincial tiene un nivel resolutivo "extremadamente bueno" y da respuesta en un mes o mes y medio, mientras que la Audiencia Civil tiene más de 1.400 asuntos pendientes de resolver y para ello hacen falta seis magistrados más. "Empezó con cuatro magistrados, se amplió a cinco y en junio de 2019 conseguimos que se incorporase una magistrada, pero hacen falta seis", ha informado Sánchez Zamorano. 

Los Juzgados de Primera Instancia tienen una sobrecarga con 11.800 asuntos por resolver, porque "aunque hay 11 juzgados, en realidad trabajan ocho en esta sección, pues uno está dedicado a familia, registro civil y clausulas suelo. La petición es a la creación de un nuevo Juzgado de Familia".