El sindicato CSIF ha solicitado a la Junta de Andalucía que incluya entre los grupos prioritarios para la vacunación frente a la covid-19 a los más de 750 funcionarios de Justicia que hay aproximadamente en Córdoba "por el servicio esencial que prestan y el nivel de exposición que tienen frente al virus".

El sindicato ha remitido un escrito a la Consejería de Salud y Familias en el que lanza esta petición y recuerda que ya en la primera declaración del estado de alarma la Administración de Justicia fue considerada servicio esencial, manteniéndose abiertos juzgados, tribunales y demás edificios jurisdiccionales, para garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva.

Igualmente, la Administración de Justicia también fue la primera en iniciar la fase de desescalada, precisamente por la necesidad de ofrecer un servicio público eficaz y eficiente.

El responsable del Sector de Justicia de CSIF Córdoba, Antonio González, ha argumentado que "es necesario que este colectivo reciba un trato singularizado y preferente" teniendo en cuenta "las especiales circunstancias en las que se desarrolla su trabajo, el servicio esencial que prestan, y en muchas ocasiones, la obligación que tienen de estar próximos a personas que pudieran ser portadoras de la infección por Sars-CoV2".

González ha subrayado, sin embargo, que según las distintas estrategias e informaciones de las que ha tenido conocimiento CSIF, "nada se ha dicho del lugar que deben ocupar los funcionarios y demás personal de la Administración de Justicia, en orden a la prioridad de vacunación, no pareciendo adecuado que se les catalogue dentro de los grupos generales de población".

El representante sindical ha señalado que los funcionarios de la Administración de Justicia garantizan, a través de la reserva de función que tienen en apoyo de jueces y magistrados, la tutela judicial efectiva, que es un derecho reconocido como fundamental en el artículo 24.2 de la Constitución Española, así como la salvaguarda de los demás derechos y garantías públicas.