PRIMERO fue el encierro en el Parlamento andaluz, donde un grupo de alcaldes y concejales de IU se recluyeron para exigir más financiación para los ayuntamientos. Una vez que la presidenta de la Cámara, Fuensanta Coves, ordenó su desalojo optaron por encadenarse a la verja del edificio. Luego vino la Consejería de Economía de la Junta, donde irrumpieron y tomaron una de las plantas del edificio de Torre Triana, en Sevilla, se supone que con el mismo objetivo, si bien el Gobierno andaluz negó entonces que se hubiera solicitado una reunión con el titular, el vicepresidente Griñán. Ahora ha sido la Diputación de Córdoba, donde pasaron la noche del pasado jueves con un fin similar, al menos escrito: poner fin a la asfixia financiera de los consistorios. En este encierro no estuvo Juan Manuel Sánchez Gordillo, alcalde de Marinaleda, que sí lideró los anteriores, pero no faltaron Elena Cortés, Francisco Martínez o Diego Valderas, portavoz en la institución, coordinador provincial y responsable andaluz, respectivamente.

El discurso extraído de la Asamblea Federal que IU celebró a mediados del pasado mes tenía una base sobre la que giraba el resto de contenidos, y era la necesidad de conectar con las inquietudes reales de los ciudadanos después de haber estado durante mucho tiempo, quizás demasiado a juzgar por los resultados electorales, mirándose el ombligo y presentándose como una fuerza con postulados más bien caducos. La primera en la frente. Ésta parece que va a ser la manera de proceder de los responsables de la coalición, más aún después de que José Manuel Mariscal, parlamentario y responsable provincial del PCE, anunciara que las movilizaciones van a seguir.

Es lógico y positivo levantar la voz ante una realidad que es patente, como que los ayuntamientos no pueden soportar durante más tiempo una situación que les ha llevado a ser los parientes pobres de las instituciones democráticas al haberse visto obligados a recepcionar las demandas de sus vecinos sin que para ello hayan recibido los fondos necesarios. Así se viene denunciando desde hace tiempo y ya incluso se ha puesto cifra a la reclamación del pacto de financiación local, concretamente 7.000 millones de euros, según la FEMP. Otra cosa es que en un momento en que todos deberían arrimar el hombro hacia el acuerdo, partidos y administraciones -porque aquí todos tocan-, haya un grupo que se dedique a tensionar y a emprender acciones contrarias al consenso por el mero hecho de creer que así levantan más alto la bandera de la izquierda. Quizás, una buena receta sería aconsejar a los gobiernos locales de su signo político que recorten o dejen de engordar los capítulos de personal. Esta realidad se ha dado en Andalucía, donde está demostrado que en sólo seis años los ayuntamientos han aumentado sus plantillas en un 43% al mismo tiempo que lloraban por las esquinas por que sus cuentas tiritaban.

Otro aspecto a analizar es la reacción de la alcaldesa de Córdoba, Rosa Aguilar, ante el encierro en la Diputación. Basta decir que no ha querido opinar en público sobre ello, pero también basta con recordar que, en su entorno, para desligarse de las sensibilidades cercanas a Sánchez Gordillo se decía que ellos en la vida han tomado instituciones para exponer sus reivindicaciones. Las dos Izquierdas Unidas.