El último auto del caso Infraestructuras, que investiga posibles fraudes en la contratación y facturación el área, vuelve a recoger sospechas sobre la actuación del teniente de alcalde del área, David Dorado. Según el atestado enviado al juez por la Policía Nacional, en los expedientes elaborados para la adjudicación de las compras de vestuario y calzado consta una mención de que se siguen instrucciones del concejal (ex de Cs y ya no adscrito).

Así lo ratifican con su firma dos de los principales investigados en el caso, el funcionario jefe de la Unidad de mantenimiento de edificios y la coordinadora el Área de Infraestructuras. En esta ocasión, la Policía investiga un contrato de suministro de vestuario EPI (equipos de protección individual) y otro de vestuario y calzado, relacionados con el denominado Plan AIRE. Para ambos expedientes son invitadas las mismas tres empresas, aunque en ninguno de los objetos sociales consta relación alguna con la venta de vestuario de trabajo o de EPI. La investigación policial concluye que dos de las sociedades invitadas tienen un mismo administrador y la tercera, un primo suyo. Además, ambos participan de forma indistinta en las cuentas de las tres empresas y como administradores de una cuarta cuyas facturas también se están investigando.

La Fiscalía ya había identificado presuntas irregularidades, contrastadas por la Policía. Aparte de una coincidencia en fechas que apunta a una situación de fraccionamiento, las facturas muestran "una destacada cercanía" al tope mínimo que exime de realizar un procedimiento ordinario de contratación, con más controles. 

Esa información lleva al juez José Luis Rodríguez Lainz a valorar que hay indicios que apuntan "no solo al evidente fraccionamiento de los dos contratos, sino a la connivencia entre todos para asegurar un suministro de material sin garantía mínima de concurrencia competitiva". Por ello, dicta una ampliación de la investigación de estos dos contratos, ampliando a su vez la imputación del funcionario y la coordinadora por los delitos de prevaricación administrativa y sumando otros dos investigados a la causa por esos mismos delitos: los dos empresarios administradores de las sociedades.

En cuanto al caso de David Dorado, el magistrado señala que su posible participación "se verificará en función de las resultas de la investigación y en la determinación de las directrices que pudiera haber impartido en la contratación de ambas operaciones de suministro".

Más facturas bajo sospecha

Además de la labor de investigación realizada respecto de las contrataciones, la Policía Nacional también remite al juzgado información para la pieza abierta para investigar la facturación falsa o sobredimensionada correspondiente a los ejercicios 2021 y 2022, que muestra parte el modus operandi que se habría seguido en el área de Infraestructuras en esos años.

Así, los agentes alertan de la existencia de seis facturas por labores de pintura, albañilería y fontanería en distintas dependencias municipales sobre las que un testigo, capataz del área, constata cómo los documentos no cuentan con número de ODO y que las empresas "no habrían trabajado para el área en tales cometidos, o se trataría de facturas infladas".

En otro caso, se detectan tres recibos por trabajos relacionados con la Casa de la Juventud respecto de las que un trabajador del departamento declara que no le consta la labor de cambio de inodoro, considera excesivo el coste de materiales de albañilería, y asegura que "no se ha realizado tanta obra en el edificio para necesitar tanto material".

En el Alcázar de los Reyes Cristianos y otros edificios de titularidad municipal se emitieron cuatro facturas sobre las que un cargo de la subdirección General de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento declara que en concreto las obras en el Alcázar deberían contar con su autorización y supervisión, lo que no le consta. Y que en concreto un cargo por averías se correspondería con trabajos que deberían y sin hechos por personal propio del Ayuntamiento.

Otras siete facturas relacionadas con el mantenimiento de electricidad en edificios y colegios son emitidas por empresas que el capataz del área asegura desconocer; constata que los documentos no cuentan con el control del ODO, y que dichas sociedades nunca han trabajado ni suministrado materiales dentro del área de su competencia.

Por otra parte, en el atestado también se informa sobre la investigación de otra serie de facturas de los años 2021 y 2022: cuatro en el ejercicio 2021, en cantidad inferior a 15.000 euros, por compra de material de trabajo dentro del Plan Aire 2021, y seis por pedidos de material de obra del ejercicio 2022, por un total de 15.205,10 euros, relacionadas con los Fondos PFEA. Sobre estas el juez determina que no se demuestra la posible existencia de infracciones criminales, por lo que estará a la espera de nuevas investigaciones.