El Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba notificó ayer la imputación al concejal del Ayuntamiento de Córdoba David Dorado y a una decena de empresarios por el Caso Infraestructuras; todos fueron detenidos la semana pasada por la Policía Nacional, si bien quedaron en libertad con cargos. Ahora, en un extenso auto judicial, el magistrado José Luis Rodríguez Lainz amplía además la imputación sobre los dos funcionarios del Ayuntamiento que ya declararon como investigados, lo que eleva a 13 el número de sospechosos.

Pero, como precisa el magistrado, la situación de Dorado en este momento procesal es todavía “incierta”. Los indicios que apuntan en su contra parten de su “decidida intención” de nombrar como coordinadora del área a la funcionaria y de sus “maniobras” para conseguir que ésta ejerciera el “dominio real” del departamento.

También hay sospechas por la “búsqueda de excusas” para que el otro alto funcionario imputado “dominara importantes parcelas del área de alumbrado público”, así como por su “cierta predisposición” a actos de aparentemente corrupción. Entre estos, “proponer a un empresario mordidas por adjudicarle contratos menores” o “saltarse las reglas de funcionamiento de prestaciones u obras que no precisaban el auxilio externo, en un contexto incluso de emisión de facturas falsas”. Todo ello lleva al juez a “atribuirle la condición de investigado para una mejor garantía de sus derechos procesales”.

El caso Infraestructuras se remonta a noviembre de 2021, a raíz de una investigación iniciada por la Fiscalía por supuestos delitos de prevaricación y falsedad en documento público, así como por posible delito de malversación de caudales. Y todo a partir de una denuncia presentada por los grupos de IU y Podemos en Capitulares, tal y como recuerda el juez.

La investigación inicial se centraba en el Plan de Choque del Ayuntamiento, suscrito el 22 de mayo de 2020, para promover la ejecución de obras, preferentemente por procedimiento simplificado o contratos menores, tanto de obras como de servicios.

Con carácter previo, el Consistorio había emitido una instrucción donde se imponían “estrictas normas” dirigidas a evitar el riesgo de fraccionamiento en la contratación, con la idea –recuerda el juez– de “evitar que se saltara la obligación de tramitación de contratas por el procedimiento ordinario del concurso público”. El plan contaba con un presupuesto inicial de 500.000 euros, procedentes de sobrantes de tesorería, que debía ejecutarse con fecha límite del 30 de diciembre de 2020.

En base a este programa, el área de Infraestructuras, encabezado por David Dorado, entonces concejal de Ciudadanos, tenía previsto tramitar en base a dicho plan un total de 19 contratos menores. La mayor de ellos correspondieron a la Unidad de Mantenimiento de Edificios y Colegios, dirigida a nivel técnico por el funcionario a quien el juez apunta como cabecilla de la trama y por la coordinadora de Infraestructuras, también investigada. 

El juez argumenta que, aparte de “aparentes incumplimientos” de la norma administrativa en relación con la definición de contratas y “aparentes” situaciones de expedientes fraccionados, la existencia de los primeros indicios de criminalidad se sustenta en dos obras menores para la instalación de alumbrado público en la avenida de Libia. Según el juez, “para eludir la tramitación del procedimiento ordinario, la obra se habría definido por las calles que convergen en la avenida”, lo que se justificó por la “necesidad de conectar a la red los tramos mediante dos unidades transformadoras”.

Asimismo, el juez constata la existencia de certificaciones de obra realizadas de forma consecutiva en un mismo día, el 30 de diciembre de 2020, pese a que el principal sospechoso estaba “de permiso”. En aquellos momentos, se ha constatado que las obras “ni siquiera habían finalizado”.

Las obras de la avenida de Libia constituyen supuestamente la punta del iceberg, de acuerdo a la investigación desarrollada posteriormente por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Comisaría de Córdoba, de la que el juez da cuentas. Según el magistrado, las pesquisas, aparte de corroborar las “aparentes irregularidades” en la ejecución de las obras del alumbrado público, retratan “auténticas connivencias” entre determinados empresarios y el principal sospechoso.

Esto se materializaba en la adjudicación de obras a empresas “dominadas de hecho” por las finalmente contratadas, un método con el que presuntamente se eludían “de forma clara” no solo las obligaciones de la legislación sobre transparencia y concurrencia competitiva, sino “el mandato expreso de la instrucción del Ayuntamiento”.