Centros cívicos, el edificio de la calle Rey Heredia, el centro de educación ambiental, la propia sede central del Ayuntamiento en Capitulares... La facturas falsas y manipuladas en el Área de Infraestructuras por las que el Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba ha imputado a 13 personas -el concejal David Dorado, dos altos funcionarios y diez empresarios- se refieren a numerosas obras y servicios del Plan de Choque del año 2020 y a un paquete de trabajos de 2022 que abarcan diversos edificios municipales.

En su auto de imputación, notificado esta semana, el magistrado José Luis Rodríguez Lainz atribuye a empresarios y funcionarios la presunta comisión de presuntos delitos de prevaricación administrativa, cohecho, falsedad en documento oficial y malversación de caudales por un cúmulo de corruptelas que tendrían como objetivo dar mordidas al dinero público.

Bajo la lupa de la Justicia se encuentra, por ejemplo, la instalación del cuadro general de distribución de la casa consistorial, en Capitulares, pues según el juez el expediente, de naturaleza mixta, se tramitó como de obras, "cuando es evidente que la finalidad del mismo sería de servicios, por lo que debería haber sido tramitado por el procedimiento ordinario, no como contrato menor".

También existen sospechas sobre las instalaciones eléctricas del edificio municipal de la calle Rey Heredia. En este caso, aparte de una irregularidad formal ya constatada por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento, la investigación judicial alerta sobre dos empresas que podrían ser "ficticias" y que ejecutaron trabajos. Y es que, pese a la complejidad técnica de los presupuestos, entre unos y otros apenas existe un margen de 17 euros.

Sobrevuela también la sombra de irregularidades en la instalación de una enfriadora en el centro cívico Centro, en el mercado de la Corredera, donde los peritos advierten del pago de 12.900 euros en cableado que, supuestamente, no se instaló. El mismo modus operandi se habría seguido en el centro de servicios sociales de Las Moreras para otra enfriadora, donde el informe pericial aprecia un "desfase importante" entre la factura y el coste real de los trabajos de 13.000 euros.

Otro empresario está imputado por irregularidades en el suministro de material para un taller de herrería. Según el juez, se tramitó como contrato de obras, "cuando evidentemente sería uno de suministros", por lo que se eludió así el límite de la cuantía de 15.000 euros propia del contrato menor. 

La instalación de riego en el Centro de Educación Ambiental de los jardines de la Victoria, así como la adecuación de pistas, tapas de arquetas y bordillos del mismo espejo también se han investigado. En ambos casas, el juez advierte que el expediente se tramitó como contrato de obras, y no de servicios que era lo que correspondía. 

En todos estos casos, el principal sospechoso sería el director técnico de la Unidad de Mantenimiento de Edificios y Colegios del Área de Infraestructuras, sobre quien el juez detecta "auténticas connivencias" con los contratistas, que en ocasiones llegaron incluso a una relación "de amistad". La investigación llega a determinar la realidad de determinados pagos de gastos, en concreto estancias en hoteles del funcionario y su familia, facturados a nombre de alguna de las empresas adjudicatarias. 

Gracias a estas presuntas prácticas corruptas, el técnico municipal, que fue nombrado por el concejal David Dorado, habría disfrutado de estancias en hoteles de lujo de Madrid, Estepona, Sanlúcar de Barrameda, Motril y Cantabria. Uno de los empresarios, supuestamente, habría facilitado al funcionario la posesión durante al menos un año de una parcela que tenía contigua a dos de su propiedad por la carretera del Aeropuerto. Y un mismo empleado, según el juez, habría realizado labores de jardinería en estos tres terrenos. 

La situación aún "incierta" de Dorado

En cuanto al propio David Dorado, el magistrado explica que su situación procesal es todavía “incierta”. Los indicios que apuntan en su contra parten de su “decidida intención” de nombrar como coordinadora del área a la funcionaria y de sus “maniobras” para conseguir que ésta ejerciera el “dominio real” del departamento.

El caso Infraestructuras se remonta a noviembre de 2021, a raíz de una investigación iniciada por la Fiscalía por supuestos delitos de prevaricación y falsedad en documento público, así como por posible delito de malversación de caudales. Y todo a partir de una denuncia presentada por los grupos de IU y Podemos en Capitulares, tal y como recuerda el juez.

La investigación inicial se centraba en el Plan de Choque del Ayuntamiento, suscrito el 22 de mayo de 2020, para promover la ejecución de obras, preferentemente por procedimiento simplificado o contratos menores, tanto de obras como de servicios.

Con carácter previo, el Consistorio había emitido una instrucción donde se imponían “estrictas normas” dirigidas a evitar el riesgo de fraccionamiento en la contratación, con la idea –recuerda el juez– de “evitar que se saltara la obligación de tramitación de contratas por el procedimiento ordinario del concurso público”. El plan contaba con un presupuesto inicial de 500.000 euros, procedentes de sobrantes de tesorería, que debía ejecutarse con fecha límite del 30 de diciembre de 2020.

*Fe de erratas: En una primera versión, se apuntaba a un Plan de Choque municipal de 2000, cuando en realidad se refería a 2020.