El sector apícola sigue haciendo frente a una de las peores situaciones de los últimos años. La Unión de Pequeño Agricultores (UPA) denuncia que a pesar de la mala cosecha de 2018 los almacenes de las cooperativas siguen llenos de miel, “un stock que está inmovilizado porque los grandes envasadores prefieren importar miel del extranjero, sobre todo de China, a bajo precio, (alrededor de dos euros por kilo)”, según insisten desde la organización agraria. “El producto español, cuyos costes de producción no bajan de los 2,50 euros por kilogramo, queda así bloqueado”, añaden. Con este panorama, UPA ha hecho un llamamiento a los envasadores y a la gran distribución para que apuesten por miel de origen España “por sus muchas ventajas y por responsabilidad con el mundo rural”.

Mientras el proceso para que sea obligatorio por ley reflejar el origen de la miel en el etiquetado sigue avanzando –lo que podría alargarse aún varios meses-, UPA cree que los envasadores y la gran distribución podría reflejar ese origen “desde ya”, apostando por el producto nacional, “porque tiene más calidad, más seguridad, menos huella de carbono y además contribuye a apoyar al mundo rural y a luchar contra el despoblamiento”. Los apicultores han mostrado su preocupación por que la campaña 2019 ya está comenzando, lo que podría aumentar los stocks y hundir aún más el precio si no se da un cambio de actitud de la industria envasadora.

Esta queja de UPA llega en un momento en el que la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible acaba de cerrar el plazo de solicitudes de ayudas destinadas a la mejora de la producción y comercialización de los productos apícolas para 2019. La dotación presupuestaria inicial para esta campaña supera los dos millones de euros, si bien este montante se encuentra aún pendiente de la asignación definitiva que debe ser aprobada por la Conferencia Sectorial.

Los incentivos van dirigidos, por un lado, a titulares de explotaciones apícolas (80%), con el fin de incidir en la mejora de la rentabilidad y el estado sanitario de las colmena; y por otro lado, a cooperativas del sector, organizaciones representativas y asociaciones de apicultores (20%). Estas últimas ayudas se destinan a fomentar la contratación de técnicos y especialistas para la información y asistencia técnica a los apicultores de las agrupaciones, la formación y sistemas de divulgación técnica así como a la contratación de servicios de análisis de miel y productos apícolas por parte de agrupaciones de apicultores.

Hace unas semanas, desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación se daba a conocer que se estaba ultimando la actualización de la norma de calidad de la miel, “para aportar mayor transparencia en la información que se ofrece a los ciudadanos sobre el origen de este producto”. Desde el departamento que dirige Luis Planas se defendía que se atiende así a una demanda de consumidores, el sector apícola y distintas administraciones públicas que solicitaban mayor claridad sobre el origen de la miel, de la que España es uno de los principales artífices en el comercio europeo.

Esta actualización normativa supone un avance en la información sobre el origen de este producto, ya que hasta ahora sólo se indicaba de manera genérica con los términos “mieles originarias de la UE o no UE”. A partir de ahora se va a exigir que, de manera pormenorizada, se indiquen los países de procedencia. Además, en el caso de las mezclas de miel de distinta procedencia, se deberá indicar el tanto por ciento que estos países suponen en la composición final.

Asimismo, la nueva norma establecerá la obligatoriedad de incluir en el etiquetado la mención “miel tratada con calor”, en las mieles sometidas a un tratamiento térmico superior a los 45 grados centígrados. Otro de los cambios relevantes del proyecto es el de poder emplear la mención voluntaria “obtenidas en frío”, en el caso de aquellas mieles que no han sido sometidas a un tratamiento térmico en ninguna de las fases de obtención o preparación. De igual forma, la norma contempla otorgar un periodo transitorio de 18 meses para comercializar las existencias de productos envasados, comercializados y etiquetados que no cumplan estas nuevas exigencias, con el objetivo de facilitar la transición a este nuevo modelo de etiquetado.