Dos meses después de que se diera a conocer el texto del anteproyecto de ley de amnistía -el pasado 13 de noviembre- y de que decenas de alumnos y profesores de la Facultad de Derecho de Córdoba respondieran, un día más tarde, manifestándose contra ello y suscitando una polémica en el seno universitario, al considerarse por otra parte de la comunidad como el "posicionamiento político de una institución pública", la cuestión se merecía un debate a la altura.   

El profesor José Manuel Albert consiguió montar un "cartel de éxito" para este lunes 15 de enero, bajo el título La Amnistía y el Estado de Derecho en España, que fue moderado por el profesor Humberto Gosálbez. La terna de ponentes, presentados como "los siete magníficos", había despertado el interés del rector de la UCO, Manuel Torralbo, que acudió al aula magna para ser iluminado en la casa del saber, ya que su conocimiento se limitaba a unos cuantos artículos de prensa leídos y otro puñado de tertulias de radio escuchadas. "Yo también me hago la pregunta de la amnistía", reconoció como si se estuviera confesando en petit comité. 

El catedrático de Derecho Penal, José Manuel Palma, abrió el coloquio aclarando las diferencias entre la amnistía, "un instrumento político que trata de hacer borrón y cuenta nueva, extinguiendo la responsabilidad penal y todos sus efectos asociados, entre ellos los antecedentes penales, como forma de reparar la supuesta injusticia que supuso la aplicación del Derecho a una situación de crisis grave"; y el indulto, que "sí deja existentes los antecedentes penales y no se cuestiona el Derecho que se aplicó al caso en cuestión". 

Desde el punto de vista constitucional, el profesor de Derecho Administrativo, Antonio Bueno, explicó que la amnistía "es un asunto interno de cada Estado, que es el que decide si en su ordenamiento cabe o no cabe la amnistía, igual que otros instrumentos que pueden ser peligrosos y perfectamente legítimos como la pena de muerte". Sin embargo, desde su especialidad en la Unión Europea, añadió que "el Derecho comunitario contempla con una increíble desconfianza a la amnistía, afirmando que es un instrumento excepcional que pone en riesgo el Estado de Derecho" y que "únicamente tiene validez cuando la ganancia es mayor que la pérdida, por eso se vincula al fin de dictaduras o a la solución de conflictos violentos". 

Respecto a la proposición de ley actual, el profesor Bueno destacó que "los grandes olvidados" son las víctimas del procés catalán: "¿Qué pasa con las personas que han visto pisoteados sus derechos constitucionales a la participación política? ¿Qué pasa con las personas a las que han quemado contenedores o coches debajo de sus casas y que han visto como se ponía en riesgo su integridad física o su propiedad? ¿Qué ocurre con los familiares de la persona que murió porque la ambulancia no llegó al hospital?". 

Funcionando como un tándem anti-amnistía, el profesor Palma respondió a las sucesivas preguntas retóricas de Bueno subrayando que el actual anteproyecto de ley "deja desprotegidas a las víctimas", puesto que la amnistía "niega el delito, niega al delincuente y, por tanto, niega la víctima: la víctima como concepto, desaparece". 

Con el melón ya abierto llegó la réplica de la doctora en Derecho Eclesiástico del Estado, Amelia Sanchís, que fue la primera en posicionarse, si no a favor de la amnistía, a favor de una "salida dialogada" como solución al conflicto catalán. "Las leyes de amnistía tienen un contexto, y antes de hacer el análisis del texto tenemos que saber el desarrollo histórico para saber cómo se han dado. Cada proceso transicional es totalmente distinto. No es lo mismo el proceso transicional de Argentina tras la dictadura, que el de España".  

"Con esta proposición de ley se ha intentado emprender un proceso transicional",  Sanchís, que apostó por la vía del entendimiento para "reconciliar a la sociedad en momentos convulsos, como plantea el artículo 10.1 de la Constitución", intercambiando el dogmatismo y el enrocamiento por la humildad y espíritu constructivo. En dicho artículo "también se habla de respetar la ley, cosa que antes ha quedado en el aire", apostilló al discurso de Sanchís el catedrático en Derecho Constitucional, Miguel Agudo, subiendo la temperatura al debate. 

El catedrático en Historia del Derecho, Manuel Torres, fue el último en tomar la palabra tras las intervenciones de la profesora María Isabel González (Derecho Penal) y la doctora Annick Fernández (Derecho Constitucional), concluyendo que "el Derecho es extraordinariamente impreciso a la hora de definir conceptos como proporcionalidad o igualdad", sobre los que giran las dos posiciones en este debate. Torres reconoció las "dudas e incertidumbres" que le asaltan sobre la proposición de ley de amnistía, a la par que subrayó la "certeza formal de que es un instrumento que no prohíbe la Constitución", y manifestó su sorpresa por "el clamor y el posicionamiento contrario de órganos de jueces incluso antes de conocer el texto del anteproyecto de ley".  

"Cataluña es un grano histórico que no es fácil de resolver, ni se va a resolver por la fuerza. La historia me ha enseñado que en determinados momentos excepcionales es una figura a la que recurrir para iniciar un nuevo punto de partida y si hay otra fórmula a la amnistía estoy deseando escucharla". Los conflictos se pueden resolver mediante una escalada del conflicto, que parece que no es lo ideal, o por otras bajo fórmulas de negociación como los pactos". 

Con la contienda en tablas llegados al último asalto, el profesor José Manuel Palma asestó un último contraargumento a su homólogo, de catedrático a catedrático, al replicar que "la amnistía no mejora la convivencia porque devuelve a los protagonistas a la primera línea de la escena política para que vuelvan a hacer lo que en su momento hicieron. Tampoco mejora la cohesión social, sino que fragmenta absolutamente España y además no tiene un fundamento real, sino un interés puramente partidista para sacar una investidura y mantenerse en el poder". Dicho esto, "habría que pensar cuál será la siguiente amnistía, por que en el País Vasco también hay un conflicto político?", concluyó Palma.