El ex alcalde de Priego se sienta hoy en el banquillo acusado de prevaricación

El ex alcalde de Priego de Córdoba y ex senador socialista, Tomás Delgado Toro, se sentará hoy en el banquillo acusado de prevaricación por la polémica iluminación del Adarve. La Fiscalía de la Audiencia solicita ocho años de inhabilitación especial para empleo o cargo público para el ex regidor, que en la actualidad preside la fundación del Centro Tecnológico del Textil. Los hechos por los que hoy será juzgado Delgado se remontan a 1997, cuando el entonces regidor encomendó a una empresa la ejecución de las obras de iluminación del murallón que circunda la localidad.

El Ministerio Público explica en su informe provisional de acusación que las obras supusieron "acometer movimientos de tierra, desbroce de vegetación, apertura de zanjas e instalación de la red eléctrica". Para la realización de las obras, los operarios tuvieron que ocupar los terrenos de los vecinos, un hecho que los residentes aceptaron prestando su consentimiento verbal. La polémica surgió cuando el Consistorio ocupó supuestamente una de las fincas pese a que su propietario "no tenía conocimiento de las obras ni prestó consentimiento". La Fiscalía afirma que Tomás Delgado ordenó que las obras se realizaran "a sabiendas de que era injusto".

El afectado no calló y entró en acción. El 20 de marzo de 1998 dirigió un escrito al alcalde reclamándole que restituyera su finca, pero no obtuvo respuesta. Así que, un año después, el vecino dirigió una nueva misiva al regidor. En esta ocasión, además de pedir el cese de la ocupación del terreno, manifestó su derecho a ser indemnizado.

Finalmente, el Consistorio reaccionó y el 12 de marzo de 1999, "reconociendo que había ocupado de forma ilícita los terrenos", le rogó al afectado que efectuara una evaluación económica de los daños. El propietario se dirigió al Ayuntamiento por tercera vez, esta vez para contestar que la obligación de calcular los daños era del propio Consistorio.

Ante la "pasividad" del procesado, el propietario interpuso un recurso contencioso ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en septiembre de 1999. El alto tribunal falló en diciembre de 2001 a favor del vecino, anulando la resolución municipal y declarando el derecho del denunciante a ser indemnizado.