El Ayuntamiento de Pozoblanco le reclama una tablet y un móvil a un concejal cesado hace 17 meses

El Ayuntamiento de Pozoblanco ha iniciado un procedimiento oficial de recuperación de posesión sobre bienes patrimoniales municipales que permanecen en poder del concejal no adscrito Gerardo Arévalo Galán, quien fue cesado de sus competencias como concejal Interior y Personal en marzo de 2024, hace ya 17 meses.

Según ha informado este viernes el Consistorio, el edil debía haber devuelto el equipamiento informático asignado a su cargo -una tableta electrónica iPad Pro 10 y un teléfono móvil iPhone 13 Pro Max- una vez finalizadas sus funciones ejecutivas. No obstante, un año y medio después de su cese, "los dispositivos electrónicos no han sido devueltos, a pesar de los requerimientos realizados por los servicios municipales", han explicado.

La resolución municipal constata que "Arévalo carece de causa legítima para mantener la posesión de estos dispositivos, que estaban destinados al desempeño de competencias específicas que ya no ejerce". Desde febrero de 2025, fecha límite para la devolución voluntaria, se considera que "existe una situación de usurpación de bienes públicos".

Ante esta situación, el Ayuntamiento ha activado el procedimiento de recuperación de oficio, conforme al Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía. El acuerdo de inicio ha sido notificado oficialmente y se ha abierto un trámite de audiencia.

Al respecto, el Consistorio ha lamentado tener que recurrir a este procedimiento, pero ha reiterado su "compromiso con el cumplimiento de las normativas que regulan el uso y devolución de bienes asignados a cargos públicos".

Gerardo Arévalo se defiende

Mientras, el concejal ha defendido que, desde el primer momento en que cesé en sus funciones, comunicó por registro de entrada al Ayuntamiento su voluntad de adquirir los dispositivos, de segunda mano, "abonando su valor residual tras una valoración económica". El informe -ha explicado- fue solicitado formalmente al interventor municipal, lo que demostraría su "buena fe". "La costumbre viene siendo que a todos los concejales se les valora económicamente los dispositivos, cuando terminan sus etapas, para poder optar a quedárselos, pagando, lo que también ocurre con diputados y senadores", ha comparado.

Y ha incidido en que el motivo fundamental por el que aún conserva "temporalmente" estos dispositivos, usados previamente por otros concejales, "no es otro que preservar pruebas esenciales" relacionadas con la investigación judicial en curso por presunta prevaricación que salpica al alcalde, Santiago Cabello. "En estos terminales electrónicos se encuentran correos electrónicos fundamentales que confirman que desde el primer día advertí y reclamé reiteradamente al alcalde la devolución inmediata del dinero pagado indebidamente al hijo de su secretaria, quien no acudía a trabajar", ha recordado.

"Lamentablemente, dichos correos electrónicos fueron borrados posteriormente de los servidores municipales, por lo que estos dispositivos pueden contener posiblemente la única copia existente de esas pruebas, necesarias para esclarecer los hechos ante la Justicia", ha dicho.

Así, para el edil, que ahora el Ayuntamiento le reclame la devolución del tablet y el teléfono constituiría "una maniobra con el único fin de desacreditarme públicamente, en lugar de asumir responsabilidades, aclarar la verdad y ofrecer transparencia a los ciudadanos".