UGT anuncia movilizaciones para exigir más personal en la Delegación de Igualdad de Córdoba

UGT Servicios Públicos, que ostenta la mayor representación en la Delegación Territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de Córdoba, ha denunciado una situación “extremadamente lamentable y límite en esta delegación de la Junta de Andalucía que afecta muy seriamente tanto a trabajadores como a usuarios de servicios esenciales, especialmente a personas particularmente desprotegidas, por lo que anunciamos movilizaciones para exigir soluciones inmediatas”.

De este modo, la representante sindical en la sección de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en UGT Córdoba, Pilar Marín, expresó el "terrible malestar" que desde el sindicato sienten por “el reiterado incumplimiento de los compromisos adquiridos por esta Consejería. El pasado octubre Justicia, Administración Local y Función Pública se comprometió a contratar a más personal en el ámbito de los sectores de Igualdad y Educación, y ahora anuncian que sólo se van a cubrir cinco de las 25 vacantes que se han producido en la Delegación de Igualdad en Córdoba en los últimos meses”.

Marín, que indicó que la falta de cubrir estas vacantes afecta directamente y repercute en servicios relacionados con la dependencia, menores y mayores principalmente, indicó que “ante esta situación insostenible UGT se ve en la obligación de denunciar públicamente la manipulación del ejecutivo andaluz que se dedica a vender de una forma tan positiva los servicios afectados por su dejadez y desprecio teniendo fuertes incidencias directas en el sobreesfuerzo que supone para los profesionales la atención a los ciudadanos que más necesitan de la protección de la Administración Pública, los usuarios de centros de mayores, los centros de menores en acogida o usuarios de dependencia o discapacidad”.

Además, la responsable de UGT en Igualdad en Córdoba, denunció las condiciones en las que llevan a cabo su labor las trabajadoras y trabajadores de estos servicios, “sin respetar en muchos casos ni las ratios, ni los mínimos de personal establecido legalmente, ni los derechos laborales del resto de trabajadores”. Como ejemplo puso el caso del Centro de Protección de Menores de San Rafael donde, indicó, “al margen de otras categorías, están sin cubrir cuatro puestos de educadores y monitores que se han quedado vacantes, lo que supone un detrimento del 20% del personal de estas categorías, sin que se pueda atender a estos niños debidamente”. “A nadie se le ocurriría pensar que el Gobierno dejara sin cubrir cuatro puestos de docentes en un colegio”, añadió.

Marín puso otro ejemplo de la actual situación que denuncia UGT, en este caso la Residencia Mixta de Pensionistas del Parque Figueroa, donde señaló que “las enfermeras o el personal de limpieza que atiende a más de 100 personas mayores están bajo mínimos inaceptables, con la consiguiente repercusión que tiene en materia de atención sanitaria, como cuando en algunos turnos se queda una enfermera para 100 residentes en el caso de que se tuvieran que coger sus días de descanso, algo que ahora ni siquiera pueden hacer”. La representante sindical denunció, asimismo, sobre este centro, la situación del personal de limpieza, que “tiene un 20% menos de plantilla y, sin embargo, les han hecho asumir las tareas de limpieza del nuevo módulo que se abrirá próximamente y del que se nos ha negado hasta ahora cualquier información acerca del uso o destino que se le va a dar, a pesar de haberlo solicitado en reiteradas ocasiones”.

Otro sector seriamente afectado sería, según indica Marín, el de los Centros de Participación Activa o centros de día para mayores, que “cuentan con una persona menos, provocando que, en muchos de ellos, se esté al 50% de la plantilla y sin posibilidades de cubrir los horarios establecidos para ellos”.

La representante sindical de UGT denunció, del mismo modo, “el retraso, en ocasiones de más de un año, que sufren las resoluciones de los expedientes de discapacidad tramitados por el Centro de Valoración y Orientación de Córdoba, provocados por la falta de adecuación de la plantilla”.

Pilar Marín acusó al Gobierno andaluz de Juan Manuel Moreno Bonilla de “jugar con la salud y bienestar de las personas más vulnerables y de las trabajadoras y trabajadores de estos servicios que, extenuados por la sobrecarga de trabajo y la limitación de sus derechos laborales, se encuentran al límite” por lo que anunció, desde el sindicato, “medidas más contundentes que obliguen al Gobierno andaluz a cumplir con sus compromisos de cubrir la totalidad de las vacantes en Córdoba y dejar de hacer demagogia con los ciudadanos, especialmente aquellos que más necesitan de nuestra atención y cuidados, y de aquellos que se encargan de que esa atención salga adelante con todo su esfuerzo, cariño y dedicación”.