La falta de personal e inversiones compromete la seguridad de unas 40 presas andaluzas

Una pesadilla mantuvo despierto el pasado invierno al centenar de habitantes de Cueva de la Mora. La pesadilla reflejó el miedo atávico a que la presa se rompiera y engullera el pueblo entero, una pedanía de Almonaster la Real (Huelva). Va a cumplirse un año de la borrasca Garoé. Las lluvias fueron torrenciales y las autoridades ordenaron el desalojo de los vecinos después de detectarse una fisura en la presa de Monte Félix-Toril. Aquella alerta despertó la inquietud sobre el estado y la seguridad del medio millar de presas andaluzas. El caso es que hay temores fundados. Los ingenieros apuntan a “riesgos” reales por la falta de controles y el Ministerio de Transición Ecológica, aunque enumera los avances de los últimos años, reconoce un número de problemas que comprometen la seguridad de las grandes infraestructuras hidráulicas.

España es uno de los países del mundo con más embalses por habitante. La orografía peninsular y el carácter irregular de las precipitaciones, entre sequías y aguaceros intensos, han convertido el país en una potencia en materia de presas desde que Roma perfeccionó el arte de la ingeniería. Son unas 2.500 presas las que hay en España, cuyos titulares son mayoritariamente empresas privadas, particulares y ayuntamientos –explotadas con la concesión del Estado– y el resto son de neta titularidad estatal, que coinciden con las más delicadas: aquellas cuyas roturas o incorrecto funcionamiento afectarían gravemente a poblaciones o servicios esenciales o que podrían provocar importantes daños medioambientales. Pues bien, el 60% de las presas estatales necesitarán actuaciones que refuercen la seguridad en el “futuro más próximo”.

Es a lo que urge el Informe de líneas de actuación (2023-2033) elaborado por los técnicos del Ministerio de Transición Ecológica. Si en Andalucía son 77 las presas estatales, el porcentaje citado apunta a que más de 40 embalses requieren de un mayor control, de exploraciones exhaustivas, para impedir la pesadilla de la fisura y el fallo estructural y, sobre todo, que la pesadilla se haga realidad.

El informe ministerial, realizado por los técnicos de la Subdirección General de Dominio Público Hidráulico e Infraestructuras, refleja un estado de las presas que erizaría el vello al más valiente: deben mejorarse los desagües del fondo y son necesarias más auscultaciones en estas magnas estructuras. Las principales causas, según el informe, son la “carencia de equipos humanos” dependientes del ministerio para el “control de la seguridad de las presas” estatales y de concesión y que “las inversiones en materia de control de la seguridad son aún insuficientes”.

El examen de tan elevada cantidad de presas no se corresponde con las plantillas en las confederaciones hidrográficas al cargo. Tanto es así que "actualmente –explica el texto– la situación de la gestión diaria e inspección de la seguridad es totalmente indeseada”, por lo que no cabe más que “ser solventada de manera urgente”. Tampoco ayudan los presupuestos destinados a estos órganos técnicos. La inversión, que debería ser de unos 100 millones anuales, está “algo alejada todavía de la cifra recomendada”, señalaron los técnicos del Ministerio en 2023.

De graves “riesgos” habla la Asociación Caminos, que reúne a ingenieros de Caminos, Canales, Puertos e Ingeniería Civil. Frente a la falta de recursos humanos y técnicos, Javier Contreras, vocal de la junta directiva de este colectivo, propone que sea un organismo independiente el que realice la tarea del control de las presas e insta a un acelerado incremento del gasto público. Como ejemplos de avisos, Contreras cita varias infraestructuras en un estado “peligroso” en Jaén –Rumblar, Tranco de Beas y Quiebrijano– y en Sevilla –Agrio, Huesna y Puebla de Cazalla–.

El Gobierno central ha explicado en una respuesta escrita parlamentaria del 12 de diciembre las actuaciones que está llevando a cabo para apuntalar la seguridad, destacando la normativa aprobada –con el hito del real decreto de 2021 que aprobó las normas de seguridad–, el esfuerzo inversor –223 millones en tres años– y el refuerzo de las plantillas.

Más incertidumbre en tiempos de lluvias torrenciales

De las más de 450 presas que regulan los ríos andaluces, 77 son de titularidad estatal y 83 son de titularidad autonómica, según los registros del Ministerio de Transición Ecológica, estando la mayor parte del resto explotadas en régimen de concesión. En 2024, los técnicos de la Junta de Andalucía elaboraron 42 informes de revisiones de seguridad aunque la administración señala como uno de los principales problemas en el control de la estabilidad de estas infraestructuras que los titulares cuya explotación disfruta de una concesión administrativa no cumplen con el deber de los cuidados y la reducción de los riesgos. Esta carencia en el control de los embalses puede ser un factor preocupante en un tiempo en que las lluvias se han vuelto más torrenciales a causa del calentamiento del clima.