UCOR inicia la expulsión de dos ediles tras pedir cuentas de los 100.000 euros

Unión Cordobesa (UCOR) , el partido creado por Rafael Gómez y que es la primera fuerza política de la oposición en el Ayuntamiento, inició ayer el proceso para expulsar de sus filas a los concejales Carlos Baquerín y María José López de la Bastida tras la publicación en El Día de un artículo de opinión del también exportavoz en la Diputación que desvela que Rafael Gómez retiró 100.000 euros en dinero líquido de las cuentas de los grupos institucionales, fondos públicos que ambas entidades oficiales ingresan para el sostenimiento de la actividad política que se desarrolla.

La decisión se conoció en la tarde de ayer por un comunicado del comité ejecutivo de la formación que considera que Baquerín y López de la Bastida se han dirigido a la opinión pública provocando el descrédito de la formación sobre informaciones "inexactas". Los dos concejales que, junto a Gómez, representan la línea oficial de UCOR, Aurora Aguilar y Juan Miguel Alburqueque, firmaron ayer una tribuna abierta donde explica la decisión, aseguran que los ediles críticos se han posicionado en la radicalidad y reclaman a sus todavía compañeros de grupo político que entreguen sus actas. El texto íntegro aparece en las páginas de opinión de este periódico. Baquerín aseguró ayer que se le pretende suspender de algo que no es. "Unión Cordobesa decidió que no habría militancia convencional para que no hubiera una asamblea que pudiera quitar a Rafael Gómez de su cargo", afirmó.

Lo que ocurrió ayer, independientemente del artículo, es que Carlos Baquerín ha abierto una vía cuyas consecuencias es muy complicado aventurar. Oficialmente, ha comunicado a los departamentos de Hacienda del Ayuntamiento y la Diputación que Gómez retiró 100.000 euros (30.000 de la institución provincial y 70.000 del Consistorio) en ventanilla. En ambas cartas, se recuerda que Gómez mantiene una deuda con las instituciones por las cuales no está cobrando un salario. Se produciría "el fraude de ley" de disponer libremente de este dinero de las cuentas de los grupos municipal y provincial de UCOR obviando las cantidades que se le detraerían al empresario cordobés si tuviera una nómina como la del resto de la corporación por la técnica de la compensación de deudas.

"Por aquí me entra y por aquí me sale", explicó gráficamente Rafael Gómez en la mañana de ayer cuando se le preguntó por el particular. En realidad, quien tiene el problema son los responsables de Hacienda del Ayuntamiento y la Diputación, José María Bellido y Salvador Fuentes. A ambos se le hace el requerimiento expreso de que verifiquen la contabilidad de los grupos municipales para comprobar que el dinero público entregado a los grupos ha ido a sufragar los gastos del trabajo institucional.

"No acuso a Rafael Gómez de nada", explicó ayer Baquerín, sino que apela a que se le den explicaciones sobre dónde ha ido el dinero. El edil aseguró que, en el marco de sus competencias como portavoz de la Diputación, realizó la comprobación de la contabilidad interna. Dijo que había gastado unos 400 euros y que el resto, unos 30.000 euros, se había retirado en caja de la entidad financiera donde se encuentran la cuenta corriente del grupo provincial de Unión Cordobesa.

La contabilidad interna de los grupos institucionales es un asunto vidrioso. Legalmente, el Pleno del Ayuntamiento (y solo el Pleno), con el reglamento orgánico en la mano, puede aprobar un requerimiento para que uno o varios partidos hagan públicos sus datos económicos sobre unos partidas que son de las pocas que no fiscaliza la Intervención de fondos. El PP entiende que desde el gobierno municipal no tiene competencias para fiscalizar eso.