El Ayuntamiento de Córdoba ya ha puesto en marcha el informe que dará respuesta a las fuertes limitaciones patrimoniales marcadas por el dictamen de la Comisión Provincial de Patrimonio de la Delegación de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, la cual informó el pasado jueves favorablemente acerca del proyecto del Plan de Sectorización O-1 Carretera del Aeropuerto norte-sur, para su revisión y adaptación al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Córdoba.

Dicho dictamen redactado por la Junta de Andalucía con el objetivo de que se protejan los restos arqueológicos de la zona obliga a que se empleen sistemas de cimentación poco agresivos, es decir, sin sótanos. Algo que restringe la construcción de aparcamientos subterráneos en el nuevo barrio Puerta de Córdoba, siendo estos sustituidos por grandes superficies de plazas de aparcamientos en superficie.

Esta limitación, como ha explicado el alcalde de Córdoba, José María Bellido, haría de esta extensión de la ciudad hacia el oeste que pretende abarcar cerca de 7.000 nuevas viviendas entre Nuevo Zoco, Casillas y Parque Joyero (a lo largo de la Carretera del Aeropuerto), "un barrio lleno de cemento, asfalto y placas con miles de coches dando vueltas en sus calles".

Ante esta situación, Bellido ha anunciado este viernes que están elaborando un informe con el fin de "conciliar los intereses de la protección arqueológica con la rentabilidad y la sostenibilidad ambiental". Es decir, las limitaciones de este dictamen impiden que la construcción del nuevo barrio Puerta de Córdoba sea rentable en aspectos económicos y tampoco que cumpla con el plan de sostenibilidad ambiental que exige el propio criterio de la Junta de Andalucía.

"El dictamen es para estudiarlo con detenimiento, pero vamos a contestar con los informes de la Gerencia de Urbanismo y será la Junta de Andalucía la que tendrá que ver cómo conciliar los intereses de sostenibilidad económica, la sostenibilidad cultural y patrimonial y la ambiental", ha precisado el regidor popular, quien ha hecho hincapié en que ese informe -que no tiene plazo para enviarse como respuesta- se encuentra "recién sacado del horno" y que la GMU será quien lo analice.

La "buena noticia" para Bellido es que "el dictamen es favorable" pese a los condicionantes "complejos" impuestos por Patrimonio. De ahí que el alcalde se haya mostrado positivo con el futuro de este nueva nueva zona de la ciudad, añadiendo que este caso ya se ha vivido en Córdoba "en experiencias previas de otros barrios con tensión entre la protección arqueológica y la sostenibilidad". Como ha confirmado el popular, antes de avanzar con el proyecto "no hubo advertencia previa entre la Comisión de Patrimonio y Urbanismo".

Casi 7.000 viviendas

Según el plan de sectorización de la futura barriada Puerta de Córdoba, los terrenos, que abarcan 136 hectáreas, pueden albergar hasta 6.800 viviendas, 2.040 de ellas de protección oficial, además de reservar una bolsa de suelo para una gran superficie y prever equipamientos hoteleros, educativos y sociales, entre estos últimos, residencias de ancianos. Asimismo, se destinará una parcela de 75.000 metros cuadrados para el llamado Sistema General de Salud, ubicada en la esquina sureste de la parcela.

Nueve zonas de gran interés

Con la prospección arqueológica superficial realizada en 2022 se identificaron nueve zonas de gran interés en el área, una de cronología romana, seis de cronología islámica y dos de cronología moderna-contemporánea. En este terreno se desarrolló una extensa urbanización que comenzó a estructurarse en el siglo IX, con la fundación de almunias y los caminos existentes, que alcanzó su máxima expansión durante el califato del siglo X, con el desarrollo de los arrabales occidentales.

Tras la caída del califato omeya, a principios del siglo XI, los terrenos fueron abandonados y se transformaron en tierra de labor y cultivo hasta finales del siglo pasado, cuando comenzó una progresiva urbanización que continúa actualmente.

Aunque estos terrenos no han sido protegidos como zona arqueológica o zona de servidumbre arqueológica, el patrimonio arqueológico cuenta con la protección general que le otorga la de Patrimonio Histórico de Andalucía, teniendo la consideración de bienes de dominio público de la Comunidad Autónoma de Andalucía.