La Policía constata el primer derribo de una casa en El Rosal del Rubio

Agentes de la Línea Verde de la Policía Local, especializados en la lucha contra las irregularidades urbanísticas, han confirmado al Juzgado de lo Penal número 4 el primer derribo de una vivienda en la parcelación del Rosal del Rubio. Se trata de una cabaña de madera sobre la que pesaba una orden de demolición desde el pasado mes de septiembre y cuya retirada se ha producido recientemente, informaron ayer fuentes judiciales. La casita se ubicaba en el camino Rosa de Alejandría de la citada parcelación, donde otros muchos propietarios se encuentran pendientes de juicio.

La sentencia consideró probado que en 2007 la procesada -cuya identidad responde a las iniciales A. M. G. C.- instaló una casa de madera de unos 15 metros cuadrados sobre una plataforma de hormigón "sin contar con la preceptiva licencia" y sobre suelo "no urbanizable". La Policía Local levantó un acta de inspección urbanística el 30 de enero de 2007 al observar los cambios en la parcela, y el procedimiento judicial continuó su cauce.

Durante la vista oral, la encartada reconoció que poseía una parcela de 2.000 metros y dijo que "el terreno le costó bastante barato". La sentencia concluye, por tanto, que la mujer asumió de esta manera que el suelo era no urbanizable o rústico, "aun a pesar de tener numerosas construcciones a su alrededor". A. M. G. C. declaró, además, que dedicó la edificación a guardar aperos de labranza y a unos perros que "recoge graciosamente". Estas declaraciones, según la resolución, "chocan" con las prestadas por los policías, que aseguraron que la procesada vivía en la casa .

Numerosos parcelistas del Rosal del Rubio se han sentado en el banquillo en el último año con resultados desiguales. Mientras que algunos de ellos salían absueltos por prescripción del delito y otros se enfrentaban únicamente a multas, el Juzgado de lo Penal número 4 dictó una de las sentencias más duras si se tiene en cuenta que se trata de una vivienda de madera de sólo 15 metros.

En junio de 2008, la Fiscalía Provincial de Córdoba sentó por primera vez en el banquillo a unos hermanos que ubicaron dos casas portátiles en un olivar de la localidad de Lucena. El caso se saldó con la condena de uno de ellos. En el caso del Rosal del Rubio, sin embargo, la jueza también decretó la demolición.

La sentencia remite a los argumentos expuestos por un tribunal de Alicante en 1999, que indicaba que no es recomendable dejar a la administración las demoliciones en casos de delitos contra la ordenación del territorio. Otros juzgados penales de Córdoba, en cambio, prefieren dejar al Ayuntamiento y a la Junta los derribos incluso en casos condenatorios. La ejecución del derribo es un paso obligatorio para que el juez suspenda el ingreso en prisión.