La Gerencia de Urbanismo ha atravesado un primer año de mandato realmente complejo. La decisión, masticada durante meses, de cancelar el contrato de Ferrovial para construir y gestionar el Palacio del Sur ha conmocionado los planes del principal organismo inversor de la ciudad justo cuando se cumplían siete años de que se empezara a trabajar en firme en el proyecto. El caso del centro de congresos se ha convertido en un misil en la línea de flotación de la gestión del gobierno de la ciudad, sobre todo IU, ya que el PSOE se ha desvinculado radicalmente de las gestiones realizadas hasta el momento puesto que, afirma, nunca ha participado hasta el momento en reuniones sobre esta cuestión.

La alcaldesa, Rosa Aguilar, ha tomado -al menos, de cara al público- los mandos de las gestiones para replantear el problema de una forma un tanto peculiar. Aguilar y su equipo han dibujado un escenario en el que lo único seguro, la única verdad fundamental, es que habrá un centro de congresos en Miraflores. El resto de las decisiones, se encuentran abiertas. Las opciones que se manejan pasan por construir el centro de congresos solamente, adscribirle el recinto ferial en el espacio inicialmente reservado al hotel del complejo o, incluso, construir un remedo del proyecto inicial al que se le restaría un buen puñado de millones mediante una revisión presupuestaria de fondo. La alcaldesa ha llegado a asegurar que el arquitecto Rem Koolhaas estaría dispuesto a revisar gratis los diseños por su amor a Córdoba. La próxima semana tendrá la posibilidad de comprobarlo en la reunión de Rotterdam mientras se trabaja para elevar el compromiso del Gobierno andaluz con el proyecto.

Las causas últimas del fracaso convergen en lo endógeno y en lo exógeno. Por un lado, es innegable que el motivo formal -en un contexto de crisis financiera internacional- ha sido la retirada del crédito del Banco Santander a Ferrovial, una multinacional que está firmando acuerdos bancarios por miles de millones de euros para sus distintas líneas de negocio. En lo interno, se asegura que el Santander dejó el proyecto cuando el Ayuntamiento empezó a buscar financiación bancaria para el llamado tramo institucional, lo que ponía en evidencia el compromiso oficial para un proyecto de unas dimensiones demasiado grandes de lo que se estaba en disposición de respaldar desde el presupuesto público.

Obviamente, el caso del Palacio del Sur ha tapado todas las gestiones que, en este primer año de mandato, ha realizado la Gerencia de Urbanismo para anotarlas en su haber. El proceso del equipamiento de Miraflores ha generado tal polémica a su alrededor que ha centrado las críticas de la oposición en la credibilidad política del área que dirige Andrés Ocaña. El Partido Popular, por ejemplo, ha reclamado que el futuro proyecto que salga de las negociaciones no sea dirigido por la Gerencia sino por un consorcio en el que tengan presencia los empresarios. Existe un cierto consenso generalizado, además, en que el futuro pasa por una inversión pública en el que se huya de fórmulas de financiación privada. Además, entre la clase política y empresarial se señala que es preciso reducir el monto total de la inversión hacia un tope máximo de 90 millones de euros. Y una última creencia asentada entre los foros de decisión o influencia en la ciudad es que hay que invertir el proceso: es necesario saber con qué fondos se cuenta en realidad antes de embarcarse de nuevo en un proyecto ajeno a las escalas que puede asumir la ciudad.

Hay que reconocer que Urbanismo acusa, más que ningún área, la situación general de crisis de la economía. Tanto la Gerencia como el resto de organismos municipales dedicados al ladrillo se encuentran con una complicada situación por la incertidumbre generada en torno a un sector completo que ha pasado del boom a la crisis en apenas unos meses. El enorme valor del suelo de los últimos años y la abundante disposición de esta materia prima permitió al Consistorio realizar una política expansiva de inversiones sin necesidad de endeudarse.

Las continuas ventas de terrenos dedicadas al residencial libre han sido radicalmente frenadas por la realidad del mercado. Las empresas ya no están dispuestas a pagar lo que pagaban por las parcelas municipales. Eso genera una incertidumbre de fondo. Además, el Ayuntamiento ha explotado la vía de los ingresos del ladrillo en sus distintas vertientes. El problema es que la fiesta se ha acabado. Sin embargo, las obligaciones y las demandas de la ciudadanía se mantienen, con el agravante de la participación municipal en proyectos estatales como la ampliación del aeropuerto, tras el pacto alcanzado por Rosa Aguilar.