Miles de opositores se enfrentan al examen para 50 plazas de portero
La jornada transcurre sin incidencias pero con muchos nervios ante una prueba que contenía 45 preguntas tipo test
Miles de personas se presentaron ayer a las oposiciones convocadas por el Ayuntamiento de Córdoba para conseguir una de las 50 plazas a portero ofertadas. Aunque se habían inscrito casi 6.000 opositores, finalmente han sido menos los que han concurrido al examen, algo habitual en estas convocatorias aunque en esta ocasión también ha influido el cambio de fecha que se produjo. La prueba tenía una duración de 45 minutos y durante ese tiempo había que responder a 45 preguntas correspondientes a un temario previamente delimitado. El examen se prolongó en realidad hasta una hora aunque los primeros 15 minutos de destinaron a la explicación del test y los 45 restantes para la contestación de las preguntas.
Desde el Ayuntamiento destacaron que no se produjo ninguna incidencia destacada durante la prueba a pesar de la gran afluencia de personas que estaba congregada. De hecho, desde el gobierno municipal se había preparado un amplio dispositivo para el desarrollo del examen en el Campus de Rabanales, con fuerzas de seguridad y un equipo sanitario.
Las preguntas han tratado sobre el Estatuto de Autonomía, la Constitución y la estructura municipal, como quién elige a los representantes de distrito o las comisiones del Pleno municipal. También se ha tratado las competencias de los ayuntamientos, el Estatuto Básico del Empleado Público o las atribuciones que corresponden al alcalde, entre otras cuestiones. Los opositores tenían sólo un minuto para responder cada pregunta.
Estas oposiciones, las primeras que convoca el Ayuntamiento en los últimos cinco años, han estado envueltas en polémica ya que al principio se habían establecido dos turnos para la realización del examen, algo que fue finamente descartado debido a un informe negativo del secretario del Pleno que obligó al tribunal a modificar la fecha con una sola convocatoria. El secretario argumentó entonces que el hecho de redactar dos exámenes distintos supondría que no se garantizara "el principio constitucional de igualdad así como tampoco el de transparencia", ya que "resultaría materialmente imposible" que ambas fueran iguales en dificultad.
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