Krasfarma recurre la adjudicación de Pérez Giménez a la empresa Pharmex

Cuando parece que se acerca el final, la historia de los laboratorios Pérez Giménez abre un nuevo paréntesis. La adjudicación de la empresa ubicada en Almodóvar a la sociedad libia Pharmex no ha sido plato de buen gusto para todos. La compañía rusa Krasfarma, que ya había optado a ser adjudicataria en otra puja, anunció ayer que recurrirá la decisión del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Córdoba, debido a "la deficiente valoración realizada por la Administración Concursal de las ofertas presentadas".

Según Krasfarma, los acreedores no han iniciado los protocolos legalmente establecidos por la Ley de prevención de blanqueo de capitales y financiación de terrorismo. Esta norma obliga a suspender cualquier tipo de negocio cuando "se inicien relaciones comerciales con jurisdicciones fuera del país de residencia, como es el caso de Pharmex, cuyo domicilio social está en Suiza". Otro de los motivos de la aplicación de esta ley es, a juicio de la empresa rusa, la relación comercial existente con personas de riesgo, como se considera al administrador de Pharmex, Philippe Louis Germain Brelle, quien, según Krasfarma, está vinculado al caso de los Papeles de Panamá. Sin embargo, según el auto emitido por el juez, el blanqueo de capitales es un control que no corresponde al juzgado, sino a las autoridades tributarias y administrativas.

Krasfarma afirmó también que la Administración Concursal otorgó puntuación a la firma libia por un plan de negocio que "no presentó". A pesar de estas alegaciones, los razonamientos jurídicos presentados en el informe del juez apuntan que una de las variables valoradas por los acreedores fue el plan de negocio del grupo. La empresa rusa insistió en que la administración de Pérez Giménez varió las reglas establecidas en el auto del 20 de mayo de 2016, por el que se imponía contratar a antiguos empleados de los laboratorios.

Pharmex se compromete a contratar a unos 150 trabajadores en un plazo de tres años y aunque, según el magistrado, es un anhelo por parte de los extrabajadores recuperar sus empleos, Pérez Giménez es una empresa cerrada y que se vende sin personal, por lo que no puede obligarse a la firma libia a que asuma unos determinados trabajadores concretos, algo que podría ser "inconstitucional". Krasfarma apuntó que la puntuación otorgada a Pharmex por los acreedores se hizo atendiendo a la solvencia económica de su grupo empresarial, "la cual no está acreditada", y no valoró la solvencia de la compañía rusa, por la pertenencia al grupo JSC Krasfarma.

El portavoz de UGT en los laboratorios, José Ruiz, afirmó que su organización sindical también pretende presentar alegaciones por la no contratación de los trabajadores de Pérez Giménez y consideró que el juez "se ha ido de ligero" en esta parte del auto, incumpliendo un Plan de Liquidación inicial que obligaba a emplear a los extrabajadores.