La Junta blinda Medina Azahara y declara Bien de Interés Social parte del entorno

El futuro de las parcelas construidas al abrigo de Medina Azahara vivió ayer un nuevo punto y aparte. El consejo de gobierno de la Junta de Andalucía aprobó la declaración de interés social del entorno, una nueva figura jurídica que, en la práctica, supondrá la adquisición por parte del Ejecutivo andaluz de diez hectáreas de terreno junto a la ciudad palatina y un férreo control de la ordenación urbanística para alcanzar la "máxima recuperación posible" del monumento, indicó ayer el consejero de Obras Públicas y Vivienda, Juan Espadas.

La decisión del Gobierno andaluz, dirigida a permitir la expropiación de las únicas 29 parcelas del entorno que continúan sin edificar, es el primer paso de un "plan más amplio para garantizar la completa protección de la zona ante las presiones urbanísticas", indicó el consejero. Espadas indicó que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Córdoba "no era suficiente", por lo que la Junta de Andalucía -en colaboración con el Ayuntamiento- emprenderá en los próximos días la realización de una "foto fija" del entorno ayudándose de una oficina técnica para la atención individualizada de los vecinos y de una comisión técnica.

El objetivo de estos mecanismos -explicó el responsable autonómico- será la redacción de un inventario que detallará la "situación particular" de cada vivienda, con datos como la fecha de inicio de las obras o si el chalé es utilizado como primera o segunda residencia. Espadas, no obstante, no aclaró si la intención última de la Junta es la adquisición y el derribo de las casas. Lo único que dijo el consejero es que la declaración de las construcciones como fuera de ordenación implicará normas "enormemente restrictivas" a la hora de acometer nuevas intervenciones en los chalés existentes, un nivel de protección que equiparó a la Ley de Costas, que sólo permite obras mínimas.

El inventario de las viviendas estará listo durante el próximo año, por lo que las conversaciones con los vecinos comenzarán la próxima semana, avanzó la alcaldesa, Rosa Aguilar. "Habrá que analizar la situación personal de cada vecino, porque hay realidades muy diferentes, incluso en los servicios que se les ha dado en el tiempo", reconoció Espadas.

El plan de la Junta incluye, en concreto, el control sobre 249 casas ilegales pertenecientes a las parcelaciones de La Gorgoja II, Córdoba La Vieja y Las Pitas, ubicadas la primera al oeste y las dos restantes al sur de la zona arqueológica, en el límete de la carretera A-432 a Palma del Río. Estas áreas están consideradas por el Plan Especial de Protección del Ayuntamiento como parcelaciones urbanísticas ilegales no reconducibles e incompatibles con los valores patrimoniales protegidos, una calificación que también mantiene el PGOU. Sobre la posibilidad de expropiar las viviendas, el consejero se limitó a decir que "habrá que ver qué viabilidad de permanencia allí tiene cada uno de los vecinos". Espadas se mostró confiado en "llegar a acuerdos" con algunos propietarios y no descartó la compra de viviendas en el caso de que se produzcan ofertas. "No es tan sencillo como comprar y luego demoler", concluyó.

La alcaldesa se esforzó en señalar que todo el proceso se hará "de mano de los vecinos" y anunció que las reuniones con los colectivos de residentes empezará la próxima semana. La regidora apuntó que la solución, tras años de propuestas, "se ha enfocado de manera adecuada". "Que no quede ninguna incertidumbre de que vamos a colaborar con ellos", siguió Aguilar, quien -sobre el plan para llevar agua a la parcelación de Las Pitas- dijo que "no hay que retirar absolutamente nada".

La consejera de Cultura, Rosa Torres, argumentó que la zona arqueológica constituye uno de los "monumentos más relevantes del patrimonio español" y explicó que la topografía del enclave -precisamente, el valor que se quiere proteger- es lo que permitió la morfología de la ciudad, en una ubicación que responde a la estructura del propio estado califal. "El fin último de la Consejería era la restitución del paisaje, para lo que necesitábamos de esta herramienta", argumentó. "Queremos frenar cualquier especulación y con la declaración de interés mandamos un mensaje contundente", concluyó la consejera.

Medina Azahara fue fundada en el 963 por Abderramán III y destruida de manera violenta entre 1010 y 1013. Las sucesivas excavaciones realizadas en el conjunto han puesto de manifiesto su "relevancia" dentro de los bienes integrantes del patrimonio español, al tratarse de la única ciudad estrictamente administrativa y palatina de la época califal, recordó la responsable autonómica. En los últimos años, la necesidad de recuperar el entorno del monumento ha sido reclamada por organismos como la Real Academia de Historia o el Consejo Internacional de Monumentos.