El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba ha finalizado la investigación del vertido de residuos líquidos, procedentes de la molturación de la aceituna, que en el pasado mes de junio se inició en un tramo del río Guadalquivir, en el término municipal de Pedro Abad, y que, en su recorrido, superó incluso al referido cauce en la capital, hechos por los que se investiga a tres personas de Oleícola El Tejar.

Desde que el pasado 19 de junio se evidenció el citado vertido, miembros del Seprona iniciaron los procedimientos operativos de investigación para lograr el total esclarecimiento de los hechos narrados, con traslado inmediato hasta la mercantil dedicada a la gestión de subproductos procedentes de la extracción de aceite de la aceituna, donde desde un principio se ubicó el origen del vertido, según informó ayer el Instituto Armado.

Como segunda línea de trabajo se articularon los mecanismos oportunos para cuantificar las consecuencias que el vertido pudiera haber desencadenado en dos escenarios distintos pero íntimamente relacionados entre sí; por un lado, en la fauna que puebla el ecosistema acuático, especialmente la piscícola, y, por otro, en la masa de agua y cauce receptor del vertido. Para tal fin, se recabó la colaboración de técnicos adscritos a la Delegación Territorial de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía en Córdoba y a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, respectivamente.

Una vez recibidos y analizados sendos informes, los investigadores constataron que la afección a la fauna piscícola fue "de suma importancia", con la muerte de miles de peces de especies autóctonas, a la vez que la cuantía económica en la que se cifraban los daños a la calidad de las aguas fue estipulada en rangos muy elevados. Ambas consideraciones permitieron a los investigadores subsumir los hechos investigados en la tipología descrita en el Código Penal para el delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, esto es, causar daños sustanciales al medio receptor del vertido.

La investigación ha concluido con la identificación y posterior imputación de la infracción penal citada, en calidad de investigados, de tres personas con diferentes grados de responsabilidad en la empresa donde se produjo el vertido. Las diligencias instruidas por el Seprona han sido dirigidas a la fiscal delegada de Medio Ambiente, Patrimonio Histórico y Urbanismo de la Fiscalía Provincial de Córdoba, con la finalidad de fundamentar las posteriores acciones penales que el caso requiera.