El Ingreso Mínimo Vital (IMV) llega ya a 6.362 hogares de Córdoba donde viven 17.334 personas, de las que el 40,98%, es decir, 7.103 son menores. En toda España son 203.838 las familias a las que se les ha reconocido esta prestación, que suman 565.195 personas, donde más del 43% son menores (245.175). De media, cada hogar está formado por 2,77 personas.

La subdelegada del Gobierno en Córdoba, Rafaela Valenzuela, ha destacado que el IMV es “una medida englobada en el conjunto de medidas sociales puestas en marcha en plena crisis sanitaria por el Gobierno de España, especialmente eficaz en la lucha contra la pobreza infantil y de los colectivos más vulnerables ”.

Valenzuela ha recordado que desde el inicio de la tramitación “aseguramos que la cifra de hogares protegidos se incrementaría en función del avance de los trámites y que se trata de una prestación social de lucha contra la pobreza que viene para quedarse”.

La prestación media reconocida asciende a 405 euros al mes. El Ingreso Mínimo Vital cubre la diferencia hasta un umbral de renta garantizado que varía en función del tipo de hogar contabilizando las rentas preexistentes, si existen, con excepción de las rentas mínimas de las comunidades autónomas.

El umbral de renta garantizada oscila entre los 470 euros al mes (el equivalente a una pensión no contributiva) para un hogar unipersonal y los 1.033 euros al mes para unidades de convivencia formadas por dos adultos y tres o más menores o tres adultos y dos o más menores o por cuatro adultos y un menor.

Por edades, de media, los titulares del Ingreso Mínimo Vital tienen 43,51 años. El grupo más numeroso son las personas entre los 36 y los 45 años, que superan el 36% del total.

En su mayoría, las denegaciones se han producido por no cumplir el criterio de vulnerabilidad (al superar los umbrales de renta y patrimonio), aunque un 10% de las denegaciones se deben a la falta de acreditación de la unidad de convivencia, para lo que en enero se realizó una modificación normativa para que los trabajadores sociales y entidades colaboradoras del Ingreso Mínimo Vital puedan realizar la acreditación y facilitar el reconocimiento de situaciones de convivencia no convencionales.