La Fiscalía de Córdoba ha reiterado la petición a la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de que se recupere la unidad de Servicios Sociales que existió en los juzgados de guardia hasta la implantación del Servicio de Asistencia a Víctimas en Andalucía (SAVA). 

En caso de que no recupere, el Ministerio Público plantea que se encomiende al SAVA la atención a las personas con discapacidad que "en condición de investigados o víctimas se encuentren en el juzgado de guardia". Así lo expone la Fiscalía en la memoria anual referida al año 2020, en la que detalla de la actuación de los fiscales delegados de Víctima en relación con el SAVA que la fiscal del área asume también la Delegación de Violencia sobre la Mujer, teniendo el citado servicio dos sedes, una de ellas en los juzgados de Violencia, "con lo cual la relación de la fiscal delegada con el servicio es constante". 

En este apartado, el exfiscal delegado de Víctimas Juan Manuel Fernández Aparicio ha cesado en dicha delegación, que ha sido asumida por María José López Muñoz y se reconoce en el informe de la fiscal "la extraordinaria labor realizada por Fernández Aparicio, que ha atendido el servicio desde el año 2005". 

La nueva fiscal delegada informa de las varias reuniones mantenidas con el SAVA, "en las que se tratan los temas más delicados para la víctima de especial vulnerabilidad", además de "diseñar la estrategia de futuro para que el SAVA sea identificado como un servicio de atención a las víctimas en general y no limitado a las víctimas de violencia de género".

En relación con la violencia doméstica, el Ministerio Público aprecia, "dentro de la misma estabilización, un ligero aumento", a la vez que refleja la disminución de los delitos de abandono de familia, sustracción de menores, así como los quebrantamientos de deberes de custodia, aunque "el descenso más apreciable, ciertamente significativo, tiene lugar con el impago de pensiones".

También señala que las cifras de agresiones, abusos, acoso y exhibicionismo son "similares a las del año 2019 en la provincia, con un ligero aumento, disminuyendo muy ligeramente los supuestos con víctimas menores de edad".

Menores migrantes 

En cuanto a las mujeres inmigrantes con menores, la Fiscalía recoge que durante 2020 se han solicitado medidas cautelares al Juzgado en dos ocasiones para evitar la salida de madres/padres con sus supuestos hijos hasta que llegaran los resultados de la prueba de AND y luego han resultado que eran sus hijos. 

También precisa que se ha reintegrado con su padre biológico, residente en Alemania, a una menor de 14 años que llegó en patera en febrero de 2020 con "una señora que en principio manifestó ser su madre y luego su tía". 

En lo referente a los menores extranjeros no acompañados (menas), a partir del ejercicio 2017 las pruebas de determinación provisional de la edad se realizan por las secciones de Menores de las distintas fiscalías provinciales. En la provincia se han abierto en esta materia 14 expedientes de determinación de la edad, dictándose tres decretos determinando la mayoría de edad, uno determinando la minoría de edad, siete sin determinación de la edad y tres estaban en trámite.

Respecto a las visitas a centros de protección de menores, el Ministerio Público explica que en 2020 se han emitido 92 informes sobre autorización judicial y otros sobre mantenimiento de la medida tras su revisión en relación a internamientos de menores en centros de problemas de conducta.