La Brigada Policial de Extranjería ha detenido a 65 personas supuestamente relacionadas con un fraude de 300.000 euros a las arcas públicas perpetrado a través de un entramado de empresas ficticias. Así lo expuso ayer el inspector jefe de la citada brigada, Julián Cárdenas, junto al subdelegado del Gobierno, Juan José Primo Jurado, y el comisario jefe de la Policía Nacional, Jesús Gómez Palacios.

Cárdenas detalló que esta operación, denominada Cierre, comenzó en abril de este año al detectar la Oficina de Extranjería en Córdoba "ciertas irregularidades". En este caso, el responsable de la Brigada Provincial de Extranjería especificó que los trabajadores de esta oficina comenzaron a sospechar cuando los ahora detenidos presentaron ciertos certificados para acreditar medios económicos, esto es, en su mayoría, contratos realizados por empresas ficticias. Además, las mismas sociedades también expedían contratos laborales para que estas personas se beneficiaran de cobros por desempleo o bajas por maternidad. Parte de los detenidos eran originarios de países de la Unión Europea (UE), que acudían a la Oficina de Extranjería para acreditar que estaban trabajando -con contratos no válidos-, de manera que pudieran quedarse más de tres meses de manera legal en España. El resto de apresados, españoles, están siendo investigados por haber cobrado esas prestaciones sin tener derecho a ello.

Los contratos se firmaban para cobrar ayudas o acreditar que un extranjero trabajaba

La Policía Nacional, explicó Cárdenas, empezó a estudiar de dónde provenían esos contratos sospechosos a raíz de obtener información de los domicilios sociales de las empresas, la condición de los trabajadores o las infraestructuras utilizadas. A raíz de dicha investigación, añadió el inspector jefe, se descubrió que existía un "entramado ficticio" que generaba contratos y altas no reales "porque no había actividad ni relación laboral". Además de que, por ejemplo, no había un lugar donde ejercer ese supuesto trabajo o vehículos de empresa. Una vez interceptados a los posibles defraudadores, según la Policía Nacional, éstos en sus declaraciones daban un discurso con "incongruencias" y no sabían "dónde trabajaban", además, los propios empresarios no podían acreditar los beneficios obtenidos. Las empresas creadas para tales fines eran dos, una de prestación de servicios y otra relacionada con la agricultura.

El subdelegado del Gobierno, por su parte, explicó que esta operación se ha podido desarrollar dentro del marco colaborador que los ministerios de Interior y Empleo y Seguridad Social firmaron para investigar los fraudes a la Tesorería General de la Seguridad Social y a través del cual, desde 2013, se han detenido a 309 personas, investigado a 191 y destapado fraudes por valor de cuatro millones de euros, todo ello en Córdoba capital y provincia. En esta última operación en concreto, los implicados son 104, los detenidos 65 y los investigados 39; acusados en este caso de dos delitos, uno contra la Seguridad Social y otro de Falsedad Documental.

Primo Jurado felicitó a la Brigada de Extranjería al igual que lo hizo Gómez Palacios, quien especificó que en esta operación han participado el grupo dos de la citada brigada, la Tesorería General de la Seguridad Social, la Inspección de Trabajo y la Oficina de Extranjería, esta última dependiente de la Subdelegación del Gobierno.