Defensa de la Competencia investiga las listas negras en el servicio del taxi

La Agencia Andaluza de Defensa de la Competencia, la institución dependiente de la Junta que vela por la igualdad de los actores en el mercado, abrió una investigación el pasado 19 de diciembre contra la Asociación del Taxi ante la sospecha de que las listas negras de su servicio telefónico pudieran vulnerar la legalidad. La medida, que no deja de ser sorprendente, ha causado un fuerte revuelo en el sector del transporte. Las listas negras consisten en la práctica de archivar los nombres y los números de teléfono de los clientes con el objetivo de reclamar el pago de los servicios que se hubieran quedado sin atender (buena parte de las veces, por la decisión del cliente de no esperar más tiempo).

El expediente abierto por la Junta de Andalucía se produce "de oficio", esto es, sin que haya mediado una denuncia de parte de una persona o un colectivo que haya considerado que sus intereses se vean perjudicados. La argumentación que se hace de la apertura del expediente es que podría contravenirse el artículo que señala, de forma directa, las prácticas que la ley considera como prohibidas y que interfieren en la competencia.

El problema fundamental es que Defensa de la Competencia cuenta con un testigo de cargo. Según las fuentes consultadas por este periódico, la agencia autonómica pidió un informe a la patronal de la hostelería, Hostecor, por si existían empresas que hubieran estado afectadas por la práctica de las listas negras. Sorprendentemente, Hostecor respondió al requerimiento con un documento en el que se asegura que a una serie de hoteles de la ciudad se les niega o ha negado el servicio. Los establecimientos citados dieron su consentimiento a aparecer en el informe, según las fuentes consultadas.

El problema viene de antiguo. En el sector era un secreto a voces que las listas negras afectaban a los negocios, no sólo a los particulares. Muchos clientes de hoteles o restaurantes piden un taxi por medio de la recepción o del jefe de sala. Si el vehículo tarda más de la cuenta y el cliente opta por irse andado, la práctica del sector del taxi era y es reclamar el coste al hotel que había pedido el servicio. En el caso de que se negara, la decisión era no atender las llamadas que se hicieran desde el establecimiento. Nadie se explica muy bien por qué motivo la Agencia de Defensa de la Competencia fue, como suele decirse, a tiro hecho.

El caso es que la legislación sobre competencia dispone de un artículo que podría ser de aplicación en estos casos. Según la normativa, está prohibido "subordinar la celebración de contratos a la aceptación de prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o con arreglo a los usos de comercio, no guarden relación con el objeto de tales contratos". El caso ha enrarecido las relaciones entre dos sectores, la hostelería y el taxi, que tienen una relación de dependencia mutua. Cuando se está de viaje, es normal elegir hotel o restaurante preguntándole a un taxista, reconocen las fuentes.

La Agencia andaluza de Defensa de la Competencia dispone de un plazo legal de 18 meses para desarrollar su investigación. Según la normativa, las opciones son varias: archivar, multar o prohibir determinado tipo de prácticas sin que ello derive en sanción. El caso ha generado una auténtica tormenta en la que se mezclan intereses gremiales y políticos. El Ayuntamiento ha intervenido directamente en la polémica reprendiendo en privado a Hostecor por su actitud. La patronal del sector, presionada, ya no puede ni desdecirse ni retirar su polémico informe que consta en una investigación oficial.