El PP pide proteger a los usuarios para evitar abusos en Radiotaxi

El PP es el grupo municipal que se ha mostrado más tajante a la hora de analizar la crisis que vive actualmente el sector del taxi como consecuencia de la investigación que Defensa de la Competencia inició la pasada semana para determinar si las listas negras -donde se reflejan los datos personales de aquellos usuarios que pidieron un taxi y no lo tomaron- se encuentran fuera de la legalidad. El concejal popular Federico Cabello de Alba pidió una mayor protección del Ayuntamiento hacia los usuarios de este servicio. Cabello de Alba, que aclaró en todo momento que se trata una actividad de carácter privado que realiza una asociación, manifestó que lo único que se puede hacer desde el Gobierno municipal es atender y responder a las quejas realizadas por parte de los consumidores. "Se trata de defender al consumidor en el caso de que se produzca cualquier abuso", señaló el edil del PP.

El concejal popular rechazó, sin embargo, la redacción de una ordenanza en el Ayuntamiento para la regulación del funcionamiento del servicio que presta la Asociación de Taxi y Radiotaxi: "Lo único que se ordena es la tramitación de las licencias de los taxistas, pero la prestación del servicio de Radiotaxi está fuera de las competencias", concretó el edil, quien continuó que "no creo que se pueda hacer nada" a la hora de tratar de aprobar una ordenanza.

Desde el Gobierno municipal, tanto IU como el PSOE -socios de gobierno local- optaron por esperar a que finalice la investigación de Defensa de la Competencia para decidir si se actúa o no en este sentido. El portavoz del Grupo de IU, Andrés Ocaña, manifestó así que este asunto está "en estos momentos en otras instancias y hay que dejarlos decidir y ver lo que deciden al respecto". El también teniente de alcalde de Urbanismo señaló asimismo que "lo más prudente es esperar en este tipo de situaciones", al tiempo que aludió a la existencia de "una normativa más que suficiente que reglamenta el funcionamiento del servicio del taxi". Ocaña recalcó que tanto el Ayuntamiento como la Junta de Andalucía disponen de herramientas "para evitar que haya que optar por la aprobación de una ordenanza municipal". El edil concluyó, en cualquier caso, que el Gobierno municipal determinará los mecanismos de actuación si finalmente Defensa de la Competencia que las listas negras rayan la ilegalidad.

La edil de Transportes, Ángeles Luna (PSOE), por último, lamentó que este asunto haya llegado a este extremo y puntualizó que la herramienta que regula estas situaciones "la Ley de Protección de Datos" y abundó en que "debe ser ahí donde se decida sobre la legalidad o no de esta actuación por parte de Radiotaxi". Luna agregó asimismo que "jurídicamente es imposible" que el Ayuntamiento regule el funcionamiento del servicio privado que acomete la asociación, si bien mostró su desconocimiento sobre si el Gobierno municipal puede actuar de oficio en el caso de que conociera que se está produciendo un "abuso". La edil socialista precisó que es Consumo quien ha de arbitrar cuando se produce una denuncia.