La Asociación de Empresarios de la Construcción e Infraestrusturas de Córdoba (Construcor) propone a las administraciones operariciones de rehabilitación y renovación urbana. Se trata de una de las medidas incluidas en el documento Propuestas de Construcor para normalizar y reactivar la actividad del sector de la  Construcción y las Infraestructuras tras el covid-19 en Córdoba y provincia y en el que se incide en que para ello es importante la colaboración público-privada. 

Para Construcor, esta medida serviría para hacer posible la regeneración social, económica, y la puesta en valor de amplios espacios de la ciudad con carencias en dotaciones, equipamientos, y dificultades de accesibilidad y movilidad. "En definitiva, revitalizar el tejido urbano para crear nuevos espacios de oportunidad. Para ello es imprescindible la colaboración público-privada, tanto por el coste como por la necesidad de dinamizar las intervenciones", sentencian en el documento.

Desde el colectivo inciden en que "para ello es imprescindible acelerar la delimitación de áreas o zonas de regeneración urbana y revisar el Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de Córdoba con vistas a que dicho espacio resulte atractivo como espacio vivible".

En lo que respecta a inversión pública en obra civil, infraestructuras, ingenierías y equipamientos, para Construcor, en el caso particular de Córdoba capital urge la contratación de las infraestructuras calificadas de básicas y estratégicas, como son la Ronda Norte y la Variante Oeste, "necesarias para atraer inversiones vinculadas con el desarrollo de la logística y liberar la capacidad potencial de nuestra provincia como nudo de comunicaciones".

En ente apartado proponen poner en marcha un plan de inversiones, acelerar la tramitación de los expedientes y de los procedimientos; apoyar y fomentar los proyectos de innovación en materia de infraestructuras y especialmente en materia de eficiencia energética; modificar los procesos de licitación; incorporar en los pliegos de licitación cláusulas para reforzar las garantías de ejecución y control; flexibilizar y adaptar las cláusulas sociales y medioambientales; y acelerar los plazos de pago.

Las propuestas parten de dos premisas "para recuperar la actividad en esta situación de extrema gravedad: por una parte, la máxima colaboración público privada", que desde Construcor se entiende "imprescindible, y así lo han manifestado las administraciones" también, y por otra parte "la necesaria colaboración institucional y coordinación entre las administraciones, igualmente imprescindible, para centrarse exclusivamente en Córdoba y su provincia, al margen de cualquier otro interés".

En lo que respecta a actividad residencial, promoción inmobiliaria y vivienda protegida, Construcor insiste en que el efecto más inmediato de la crisis sanitaria está siendo la ralentización de las ventas y la incertidumbre de la evolución de los precios, además de los valores de tasación de los inmuebles. "A este respecto, la mayoría de los expertos, analistas y servicios de estudios, coinciden en una revisión a la baja, más acentuada en el caso de la vivienda usada", apunta. 

Con este escenario, plantea medidas fiscales para incentivar la compra y alquiler de vivienda; posibilitar la obtención de créditos para adquisición de vivienda; y favorecer la iniciativa privada para promover viviendas destinadas al alquiler diseñando y articulando los sistemas de colaboración público-privada idóneos entre la administración y las empresas. "Además de dinamizar los procedimientos urbanísticos para favorecer el alquiler y para flexibilizar los cambios de uso e incrementar el parámetro de densidad", proponen.

Por último, en este apartado también se propone simplificar los procedimientos en materia de vivienda protegida y fomentar su edificación. Para ello se insiste en suprimir la calificación provisional y definitiva por otros mecanismos de garantía; modificar la función de los Registros Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida como fuente de información de las necesidades y no como instrumento para seleccionar potenciales destinatarios y/o adjudicatarios de las viviendas. Además de, instaurar ayudas directas a la entrada para la compra de viviendas de protección oficial, reforzando la destinada a los jóvenes a los que en programas anteriores se les concedía hasta 10.000 euros; y establecer y regular en el plan estatal de vivienda una línea de préstamos convenidos, así como mantener las ayudas de subsidiación de intereses.

Desde el colectivo insisten en que  las propuestas se han elaborado con criterios específicos y prácticoshacia las administraciones cuyas competencias se desarrollan en Córdoba y su provincia y están estrictamente relacionadas con el sector. La mayor parte de ellas corresponden a Construcor, y se han añadido algunas que corresponden al conjunto del Estado y a la Comunidad Autónoma, respectivamente, y que han sido discutidas y elaboradas en organizaciones sectoriales en las que participa Construcor. 

Asimismo, insisten en que las propuestas parten de la base de que estamos ante un problema de salud pública, con gravísimas consecuencias económicas, que necesitan respuestas para el sector dado su peso en el conjunto de la actividad económica. "Así, la construcción y las infraestructuras son actores de primera magnitud en la estructura productiva de nuestra provincia. De hecho, su peso directo llega a alcanzar el 10% del PIB provincial, y hasta el 17% el indirecto, contando con las actividades de las empresas y profesionales instaladores (electricidad, saneamientos, calefacción, comunicaciones, etcétera), el transporte y la energía", relatan desde la patronal.