El Colegio de Arquitectos ha puesto en manos de sus servicios jurídicos de qué manera puede paralizar el concurso de ideas abierto por la Cámara de Comercio para su nueva sede del Plan Renfe. El decano de la institución, Manuel Moreno, aseguró que la entidad que preside desde hace escasas fechas ha examinado el contenido de las bases que rigen el concurso y considera que existen una serie de "cláusulas limitativas" que impiden la libre concurrencia de los profesionales para presentar una propuesta en la competición abierta por la Cámara.

Dichas cláusulas están pensadas, efectivamente, para cribar la solvencia del equipo profesional que se va a hacer cargo del diseño y, además, de la dirección de obra del proyecto. Consisten fundamentalmente en una serie de trabas destinadas a que quien se presente al concurso tenga un currículum contrastado. Así, los profesionales que quieran presentar su propuesta tendrán que contar con un premio nacional o internacional de arquitectura (en su defecto, se puede valorar los méritos del currículum siempre que el jurado lo estime conveniente), tener una fuerte vinculación con Córdoba "y sus aspiraciones futuras" (haber estado colegiado en la ciudad desde el año 2004 o haber realizado dos proyectos de edificación desde el año 2000), haber redactado el proyecto de un edificio administrativo con una superficie superior a 2.000 metros cuadrados y haber llevado a cabo alguna iniciativa de edificación con un proyecto superior a dos millones de euros. Además, los requerimientos establecen que el arquitecto demuestre que se colegió con anterioridad al uno de enero de 2000, lo que obliga a que los concursantes tengan cierta experiencia en el sector.

Moreno explicó que comunicó por carta a la presidenta de la institución cameral, María Dolores Jiménez, que no está de acuerdo con el contenido de las bases del concurso de ideas. La paradoja se encuentra en que el Colegio de Arquitectos es una entidad que forma parte del concurso. Según las bases, en el jurado estará presente un arquitecto de reconocido prestigio que tendrá que designar la entidad profesional. Además, forma parte como vocal el presidente del Consejo Superior de Arquitectos de España -actualmente, el profesional malagueño Carlos Hernández Pezzi- o el profesional en quien delegue.

La clave del conflicto es hasta qué punto la Cámara tiene la obligación de someterse a principios de libre concurrencia o puede aprobar de la forma que mejor convenga a sus objetivos las normas de elección del proyecto. Fuentes de la entidad cameral aseguraron que la Cámara "ha tenido la deferencia" de convocar un concurso al que no se encuentra obligado para elegir al mejor proyecto desde la realización de propuestas. Del mismo modo, aseguraron que durante el desarrollo de las bases se invitó a participar al Colegio de Arquitectos e, incluso, fueron comunicadas al anterior decano, Rafael Obrero, sin que existiese oposición alguna a la propuesta. La Cámara de Comercio es, legalmente, una corporación de derecho público que, sin embargo, no forma parte de la Administración. La función pública tiene, en este caso, una mera competencia de tutela que ejerce la Junta de Andalucía.