El Sindicato Provincial de Enseñanza de CCOO de Córdoba ha celebrado una asamblea informativa dirigida a delegados sindicales en la que, entre otras cuestiones, se ha abordado la postura del sindicato ante el llamado veto parental y cómo se debe actuar en el caso de que los padres presenten en los centros peticiones de la no participación de sus hijos en actividades complementarias.

El responsable de Pública Docente del citado sindicato provincial, Francisco Cobos, ha explicado que el veto parental “es un ataque frontal contra la libertad de cátedra y contra las libertades de enseñanzas. Ataca los principios en los que se fundamenta la docencia, una situación no nueva que ha adoptado nuevas formas, en línea con el concepto manipulado de ‘libertad de las familias’, para someter la profesión docente a intereses ideológicos, políticos y religiosos. Y es una estrategia que está dejando huella: la desconfianza de un sector de la sociedad hacia el colectivo docente”.

 “El veto parental es otra vuelta de tuerca más en la política de desacreditación de la profesión docente llevada a cabo por una parte importante de nuestros representantes políticos y que ha calado en algunos sectores de la sociedad, siendo uno de los principales problemas con los que se encuentra la escuela pública: un profesorado que no se siente valorado ni respaldado en sus decisiones, sino cuestionado y fiscalizado”, ha afirmado Cobos, quien ha remarcado que “aunque no hay nada regulado en Andalucía sobre el veto parental, hay padres que ya han presentado en centros peticiones de la no participación de sus hijos en actividades complementarias”.

Ante esta situación, CCOO ha considerado que la ausencia de escolares a actividades complementarias por deseo de los progenitores debe ser considerada una falta no justificada salvo instrucciones de un superior jerárquico, en cuyo caso aconseja al profesorado solicitar por escrito dicha instrucción.

El sindicato ha realizado diferentes modelos de escritos para trasladar a la dirección del centro, a la Inspección de la Delegación de Educación y a la propia Consejería de Educación la solicitud de los padres y el parecer del docente afectado en cuanto a la ilegalidad de dicha petición con el objetivo de evitar cualquier  actuación que provoque la imposición de una medida  disciplinaria que obligue al profesorado a defenderse judicialmente de una eventual sanción por desobediencia, o cualquier otra denuncia  administrativa o judicial de padres o madres como algunas organizaciones vienen alimentando.