La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado revisar un total de 13 facturas de cinco empresas por obras del Programa de fomento de empleo agrario (PFEA) del año 2021 por considerar que "se encuentran incursas en la causa de nulidad" por "haberse prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido para ello". Así ha sido informado por el teniente alcalde delegado del área, Antonio Álvarez, este lunes 2 de febrero y figura en los expedientes.

Se trata de facturas de menos de 3.000 euros y que, juntas, no superan la cantidad de los contratos menores de suministros, según el concejal. Los pagos tienen que ver con servicios y suministros vinculados a instalaciones eléctricas, hormigón o bordillos de granito, materiales necesarios para la realización del mantenimiento y reparación de la vía pública que estaba siendo objeto de obras. Los suministros prestados fueron solicitados por el personal de la Delegación de Infraestructuras responsable del Mantenimiento de Edificios Municipales y Colegios. El funcionario que dirigía esta unidad ha sido señalado como principal acusado en el procedimiento del caso Infraestructuras. 

Las facturas, en su momento, han tenido disconformidad por parte de Intervención, que entiende que este tipo de compras debería tratarse como una necesidad permanente, recurrente o periódica y no como un contrato menor, según ha explicado Álvarez, que ha indicado que "no se ha seguido la fórmula más adecuada" para la contratación. "Estamos reconduciendo esta realidad a través de contratos supersimplificados de materiales, que serían los más adecuados", ha agregado.

Las empresas afectadas contarán diez días hábiles para presentar las alegaciones y sugerencias que consideren necesarias. 

Las consecuencias que produce la nulidad del contrato se encuentran previstas en la Ley de Contratos del Sector Público, de acuerdo con la cual se deberá restituir recíprocamente las cosas que hubiesen recibido en virtud del contrato, y si esto no fuese posible, devolver su valor. La parte que resulte culpable deberá indemnizar a la contraria de los daños y perjuicios que haya sufrido, según se explica en la documentación aprobada en Junta de Gobierno Local. 

Ya el pasado 7 de noviembre la Junta de Gobierno Local acordó, por vía de urgencia, mandar a la Asesoría Jurídica la apertura de diligencias previas informativas por presuntas irregularidades en facturas de la misma área. En concreto, se trataba de un grueso de 200 facturas correspondientes al área de Mantenimiento de Edificios Municipales y Colegios, pendientes de pago y sobre las que había dudas de cuyos trabajos se hubieran llevado a cabo, y que se tramitaron durante el pasado mes de septiembre.

Asimismo, el 16 de enero el Consistorio había enviado a Fiscalía nueva documentación, un contrato y facturas que la Asesoría Jurídica del Consistorio ha considerado que "podían contener irregularidades". Se trataba de una licitación mayor de un contrato por concepto de gestión de alarmas de colegios públicos y edificios que llevaba el Eulen Seguridad SA desde 2020 y del que no consta expediente de contratación, aunque sí había sido firmado por el entonces responsable del área, David Dorado.

Este trabajo de vigilancia y revisión de cada factura que llega y se abona en esta delegación surgió tras la primera denuncia que hizo IU sobre irregularidades en los contratos de alumbrado de la avenida de Libia, que ha traído como consecuencia la investigación del caso Infraestructuras. 

Otras actuaciones 

Asimismo, Ávarez ha valorado que "para dar mucha más agilidad y rapidez a la contratación en el ámbito de Gestión, se ha aprobado una delegación de la Junta de Gobierno Local en el teniente alcalde de Gestión para todas las contrataciones realizadas por procedimiento abierto y simplificado", de manera que "se evita tener que llevarlas a la Junta de Gobierno y firma el teniente alcalde", ha precisado, al tiempo que ha recordado "la creación hace un mes y medio de la oficina técnica específica para los contratos simplificados dentro de la unidad de Contratación".

También, "se ha hecho una delegación específica en el teniente alcalde de Gestión de las facultades que tiene la Junta de Gobierno para la elaboración y remisión de los informes preceptivos al Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales en los casos de recursos especiales de contratación", ha adelantado el edil, quien ha destacado que "esto se hace porque el plazo que hay para remitir los informes es de dos días y cuesta mucho trabajo poder convocar una Junta de Gobierno Local", de forma que "se gana mucho en agilidad y rapidez en la gestión administrativa contractual", ha elogiado.

En otro orden de cosas, se ha desestimado una solicitud de reequilibrio económico que había presentado la empresa City Sightseeing, adjudicataria del contrato administrativo de servicio de visitas turísticas guiadas en transporte urbano, que pedía "una bajada del canon por una bajada del billete que habían realizado hace ya algunos meses, un reajuste por motivos de desequilibrio durante la pandemia y un reajuste posterior por el número de usuarios", ha citado el concejal.

Ante ello, ha indicado que "se ha entendido que la justificación que ha realizado resulta insuficiente, a juicio de los técnicos del Instituto Municipal de Turismo (Imtur)", y de ahí que "procede la desestimación de esa solicitud".