El Ayuntamiento de Córdoba ha detectado presuntas irregularidades en facturas que corresponden, de nuevo, al área de Infraestructuras. Ha sido el delegado del área, Antonio Álvarez, quien ha dado a conocer los hechos, después de que la Junta de Gobierno Local de este lunes haya acordado, por vía de urgencia, mandar a la Asesoría Jurídica la apertura de diligencias previas informativas.

En concreto, se trata de, hasta el momento, un grueso de 200 facturas correspondientes al área de Mantenimiento de Edificios Municipales y Colegios, pendientes de pago y sobre las que había dudas de cuyos trabajos se hubieran llevado a cabo, y que se han tramitado durante el pasado mes de septiembre. Álvarez, además, ha informado de que también se ha registrado un notable aumento de facturas por menos de 500 euros; se trata de una cuantía mínima posible establecida para evitar posibles fraudes. 

Ha sido en la Junta de Gobierno Local donde se ha dado el visto bueno a la apertura de las diligencias informativas por parte de la Asesoría Jurídica y donde también se ha acordado informar de estas presuntas irregularidades a la Policía Nacional, que también investiga los contratos de Infraestructuras llevados a los tribunales.

Álvarez ha detallado que se ha tomado esta decisión después de que se llevara a cabo una revisión "en la que se ha detectado que había determinadas facturas que estaban pendientes de pago y sobre las teníamos serias dudas de que la prestación de servicios se hubiera llevado a cabo".

Tras ello, ha continuado, "se han producido diversas reuniones con capataces" para analizar las facturas. En las mismas, se comprobó que "había un desconocimiento de la ejecución del contenido de esas facturas". Por ese motivo, Álvarez ha indicado que "se ha hecho una investigación interna" y se ha descubierto que "hay un paquete de facturas que no es asumido por ninguna persona y que tampoco se hayan prestado los trabajos facturados".

El paso que dio el cogobierno a continuación es poner los hechos "en manos de la asesoría jurídica y de la Policía", ya que algunas de las facturas descubiertas corresponden "a empresas que están siendo investidas por la Policía en otros procedimientos que se están desarrollando". 

Con todo ello, en las diligencias "se tendrán que identificar las actuaciones y ellos mismos nos harán las propuestas de los expedientes disciplinarios", ha subrayado, y ha indicado que las facturas corresponde a "servicios muy variados".

Álvarez ha recordado que para los contratos por valor de entre 500 y 3.000 euros se exige la necesidad de pedir hasta tres presupuestos a otras tantas empresas y no solo a una. Se trata de una medida establecida desde principios de año para intentar contar con un mayor control de los procedimientos del área de Infraestructuras. Es decir, que "se exige la necesidad de pedir tres presupuestos para cualquier contratación", ha recordado.

"Estudiando si se estaba cumpliendo, se observó que había facturas con dudas de que se hubiera cumplido", ha reconocido. Además, el responsable del área de Infraestructuras ha reconocido que también "empezaron a aparecer múltiples facturas de menos de 500 euros para evitar llegar a los 3.000, con lo que se eluden las obligaciones que se habían impuesto". 

En definitiva, ha concluido, "lo que se hace es abrir unas diligencias previas de investigación para dilucidar si hay irregularidades y abrir expedientes disciplinarios".

En la misma comparecencia, el delegado de Presidencia, Miguel Ángel Torrico, ha afirmado que la apertura de estas diligencias se basa en "dos cuestiones: la máxima transparencia y colaboración con la investigación" por parte del Ayuntamiento. Así, ha repetido que la detección de estas supuestas irregularidades "viene por medidas de control de los contratos menores".