El Ayuntamiento de Córdoba ha remitido a la Fiscalía nueva documentación, un contrato y facturas que la Asesoría Jurídica del Consistorio ha considerado que "podían contener irregularidades". Se trata de una licitación mayor de un contrato por concepto de gestión de alarmas de colegios públicos y edificios que llevaba el Eulen Seguridad SA desde 2020 y del que no consta expediente de contratación, aunque sí había sido firmado por el entonces responsable del área, David Dorado.

Según ha explicado este lunes el teniente de alcalde delegado de Gestión e Infraestructuras, Antonio Álvarez, las facturas que han sido revisadas rondaban los 1.000 euros mensuales. En total, se ha detectado que 75.000 euros ya fueron pagados, mientras que otras tantas se encuentran bloqueadas y suman más de 25.000 euros. El importe total que había generado en gastos ha sido de 106.000 euros.  

El trabajo, ha aclarado Álvarez, sí estaba siendo llevado a cabo por la empresa, pero la tramitación y la validez de ese expediente "no ha sido la adecuada" de acuerdo a la Ley de Contratación Pública y "no contaba con soporte legal".

Por tanto, la Asesoría Jurídica del Consistorio emitió un informe que observaba que dicho convenio podía contener irregularidades en su forma de contratación y el Ayuntamiento ha procedido a enviarlo a la Fiscalía, "por si podían ser constitutivas de cualquier ilícito penal", aunque, eso sí, van aparte de todo lo que se investiga derivado del caso Infraestructuras, según ha afirmado el concejal. El asunto ha entrado además en la Junta de Gobierno Local por vía de urgencia para su revisión este 16 de enero. 

Por parte de la Delegación no se ha tenido contacto con David Dorado, solo con la Asesoría Jurídica, ha querido aclarar el ahora responsable del área, que también ha informado de que, por ahora, no se ha detectado algún otro contrato con irregularidades y que este, especialmente, "ha requerido cierto esfuerzo" porque la persona que más información podía facilitar era el jefe de la Unidad de Edificios y Colegios, que se encuentra implicado en el caso Infraestructuras. 

Álvarez ha asegurado que todo lo que está saliendo a la luz ahora se debe "al trabajo que se está haciendo de vigilancia y revisión" de cada factura que llega y se abona, un trabajo que surgió tras la primera denuncia que hizo IU sobre irregularidades en los contratos de alumbrado de la avenida de Libia, que ha traído como consecuencia la investigación del caso Infraestructuras. 

La facturas falsas y manipuladas en el Área de Infraestructuras por las que el Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba ha imputado a 13 personas -el concejal David Dorado, dos altos funcionarios y diez empresarios- se refieren a numerosas obras y servicios del Plan de Choque del año 2020 y a un paquete de trabajos de 2022 que abarcan diversos edificios municipales.

La investigación inicial se centraba en el Plan de Choque del Ayuntamiento, suscrito el 22 de mayo de 2020, para promover la ejecución de obras, preferentemente por procedimiento simplificado o contratos menores, tanto de obras como de servicios.

Al hilo de la investigación, el juez José Luis Rodríguez Lainz propuso abrir cuatro nuevos procedimientos y que sean juzgados distintos los que los investiguen tras imputar a Dorado, a diez empresarios y ampliar las sospechas sobre los dos altos funcionarios que liderarían la supuesta trama.