El Ayuntamiento de Córdoba continúa la revisión de las facturas de la Delegación de Infraestructuras para detectar o subsanar irregularidades en los procesos de contratación del área, un trabajo que inició el gobierno municipal tras salir a la luz la trama del caso Infraestructuras, que está en los juzgados. Así, el responsable del área, Antonio Álvarez, ha informado de que se ha llevado a la junta de gobierno local de este lunes dos proposiciones de revisión de oficio para dos facturas: una de una empresa de mantenimiento de ascensores y otra de suministros por la compra de materiales para proyectos del Profea. 

Según Álvarez, en el caso de la factura del Profea, se estaban comprando materiales por menos de 3.000 euros, algo completamente legal, pero que al convertirse en unas compras recurrentes y periódicas Intervención entiende que debían contar con un contrato base. La revisión de esta factura, entonces, "obedece a la falta de un tipo de contratación adecuado" para llevarlas a efecto, ha explicado el concejal. 

En el caso de la factura por el mantenimiento de los ascensores de todos los edificios municipales, Álvarez ha asegurado que cuando se produjo el cambio de delegado tras la salida de David Dorado por el caso Infraestrturas, "hubo una especie de laguna de mando en la que perdimos varios contratos y varias continuidades de servicios esenciales que debíamos seguir prestando" y que se han ido haciendo con facturas, también, de menos de 3.000 euros.

En este sentido, el concejal ha informado de que se han iniciado ya los procedimientos más adecuados, ya hay un contrato simplificado y los ascensores de la casa consistorial "ya están funcionando" gracias a ello. A la par, se ha sacado un contrato por procedimiento abierto, para que sea el contrato base, y el marco de la prestación de este servicio para los próximos años.

El concejal ha defendido que "nos hubiese gustado tener estos contratos antes, pero con los medios técnicos que teníamos había que poner en orden muchos contratos por procedimiento abierto porque o habían caducado o no tenían el procedimiento adecuado". Así, toda la contratación prevista, pendiente y la que se han ido presentando, como el de las exhumaciones, que se han retrasado con el trabajo de revisión que se lleva a cabo en el área, ha sido trabajo para los mismos técnicos que llevan el área. 

Ya el pasado 6 de febrero la junta de gobierno local había aprobado revisar un total de 13 facturas de cinco empresas por obras del Programa de fomento de empleo agrario (PFEA) del año 2021 por considerar que "se encuentran incursas en la causa de nulidad" por "haberse prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido para ello". Se trataba, también, de facturas de menos de 3.000 euros. Asimismo, en este trabajo de revisión que lleva el área, el 16 de enero entregaron a la Fiscalía nueva documentación, un contrato y facturas que la Asesoría Jurídica del Consistorio consideró que "podían contener irregularidades".