El teniente de alcalde de Urbanismo, Salvador Fuentes, ha catalogado de "atentado contra la autonomía de las Comunidades Autónomas y las corporaciones locales" el anteproyecto de Ley de Patrimonio elaborado por el Gobierno central.

Fuentes ha asegurado que se trata de una "invasión de competencias a las Comunidades Autónomas, un retroceso a la autonomía de las entidades locales y un perjuicio contra los derechos reales previstos por la legislación nacional sobre patrimonio".

Otras de las cuestiones que alega el teniente alcalde es la "discriminación y sesgo ideológico contra la iglesia", una cuestión a la que también hizo referencia el obispo de la Diócesis de Córdoba, Demetrio Fernández, que tachó a este anteproyecto de "ley invasiva".

El edil del PP ha hecho referencia a distintas leyes jurídicas en las que se manifiesta el "choque de competencias", como los artículos 149 y 148 de la Constitución Española donde vienen delimitadas las competencias del Estado. 

En este contexto jurídico también ha aludido a la Ley orgánica 2/2007 de reforma del Estatuto de Andalucía y la modificación de su artículo 68 donde se narran las competencias exclusivas en patrimonio por parte de la Comunidad. 

Las alegaciones presentadas hacen referencia, en su mayoría, al artículos 25 bis del mencionado anteproyecto. En este texto se pueden observar puntos en los que se el teniente alcalde ha manifestado su plena disconformidad.

Uno de ellos narra que todos los bienes inmuebles incluidos en la lista de Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de 23 de noviembre de 1972, podrán ser declarados Bienes Culturales de Interés Mundial, algo que Fuentes ve "innecesario". 

Otro de los puntos que motivan la objeción es la creación de un Patronato adscrito a la Administración General del Estado a través del Ministerio de Cultura y Deporte.

En su defecto, si en el plazo de un año desde la publicación del real decreto de declaración de Bien de Interés Cultural Mundial no hubiera podido constituirse este Patronato, se elaborará una Comisión gestora de dicho Bien. Un órgano para el que Fuentes se pregunta "¿Cómo lo harán con la Sagrada Familia de Barcelona?

Estas alegaciones han sido presentados por otros ayuntamientos andaluces como el de Sevilla, al igual que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que también ha realizado modificaciones a la ley propuesta. 

Fuentes también ha abordado que "miles de viviendas del Casco Histórico de Córdoba se verán afectadas por esa tutela del Gobierno de España". Ya que tal y como indica el anteproyeccto, los vecinos deben comunicar con tres meses de anterioridad cualquier modificación que pretendan realizar en su domicilio. 

Por su parte, la concejala de Casco Histórico, María Luisa Gómez Calero, ha remarcado que las administraciones están velando por la conservación y el patrimonio, algo que como se puede comprobar "está funcionando bien". La edil ha asegurado que "esta injerencia sobre las competencias que tenemos es un abuso en toda regla".