El Ayuntamiento de Córdoba presentará este mismo mes alegaciones al anteproyecto de Ley de Patrimonio elaborado por el Gobierno central, "porque invade las competencias propias de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos en materia de patrimonio, en especial en lo referido a la gestión y las actuaciones a llevar a cabo en bienes declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco", según ha destacado el alcalde la de ciudad, José María Bellido. La consejera de  Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo, que se ha reunido con Bellido, ha insistido en que la Junta también alegará por la misma razón. Del Pozo ha detallado que de los 44 patrimonios de la humanidad que tiene España, 15 corresponden a Andalucía, y cuatro de ellos a Córdoba.

Bellido se ha quejado de que no se ha dado traslado oficial del anteproyecto al Ayuntamiento "de la ciudad española que tiene más bienes declarados Patrimonio de la Humanidad, en concreto la Mezquita, el casco histórico, la Fiesta de los Patios y Medina Azahara, vamos a presentar alegaciones en defensa del principio general de que Córdoba se gobierna desde Córdoba y no desde Madrid".

El alcalde ha insistido en que "el patrimonio de los cordobeses y andaluces se gestiona desde Córdoba y Andalucía y no desde el Gobierno del señor Sánchez; además, hay algunas cuestiones que nos suscitan, cuanto menos dudas, que deberían aclararse, ya que abren incertidumbres que son peligrosas para el futuro, si no se aclaran en el sentido en que debe hacerse".

Así, según el alcalde, "cuando se habla de la constitución de patronatos sobre los bienes que ya están inscritos en la Lista de Patrimonio Mundial de la Unesco, más allá de la obviedad de que afectará a la Mezquita o a Medina Azahara, lo cierto es que afectará al Casco Histórico" de Córdoba o a su Fiesta de los Patios".

Bellido se ha preguntado si "¿hay intención, detrás de esta ley, de que toda una zona de nuestra ciudad, como es el conjunto histórico de Córdoba, pase a estar gestionado por un patronato en el que se reserva el poder de decisión el Gobierno de la Nación?", algo que ha llevado al alcalde a hacerse otra pregunta: "¿hasta ese punto van a invadir las competencias de los cordobeses, de nuestro ayuntamiento, poniendo en marcha un patronato cuando aquí hay un modelo que en este ayuntamiento lleva ya funcionando muchos años, con un Plan Especial de Protección del Casco Histórico (Pepch) de Córdoba y que funciona bien?".

El regidor ha insistido en que le parece "que es una invasión de competencias, no ya autonómicas, sino de competencias locales, cuando el Ayuntamiento de Córdoba tiene autonomía local para gestionar la ciudad y no tiene que venir ningún patronato a decirnos cómo gestionar una parte tan importante de nuestra ciudad como es todo nuestro conjunto histórico".

Del Pozo ha recordado que la vigente Ley de Patrimonio data de 1985 y ha señalado que, "35 años después, con este anteproyecto nos traen una modificación de una ley del siglo pasado, en lugar de traer la ley que necesita el siglo XXI". "Se trata de una modificación que no resuelve los problemas, sino que nos crea más problemas, que no simplifica las tramitaciones administrativas, sino que la multiplica, creando más burocracia y menos protección de los bienes patrimoniales", ha defendido. A ello se suma, ademas, según ha apuntado, el hecho de que "invade competencias de otras administraciones, como la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Córdoba, e impone importantes limitaciones de derechos a instituciones como la Iglesia Católica".

La consejera ha mantenido que el anteproyecto prevé la creación de unos patronatos, con representación de las administraciones públicas y entidades privadas correspondientes a cada bien, pero incluyendo también al Gobierno central, "para controlar la gestión de los bienes declarados Patrimonio de la Humanidad, que además tendrán la denominación de Bien de Interés Cultural (BIC) Mundial. También prevé el anteproyecto del Gobierno, mientras que se crean los citados patronatos, que crearían una "duplicidad" con los ya existentes, la constitución de unas "comisiones gestoras", en las que tendría "mayoría" la Administración central, y que se encargarían de "llevar a cabo las actuaciones que se deriven de la declaración como BIC Mundial" de bienes que ya tienen la declaración de Patrimonio de la Humanidad, y "sin distinguir si afecta por igual" al Parque Nacional de Doñana, a la Mezquita de Córdoba o a su Casco Histórico.

La consejera ha asegurado que "el Gobierno de Pedro Sánchez, con el anteproyecto que está tramitando lastra la conservación del patrimonio, dificulta el crecimiento de las ciudades, condena a la ruina a los centros históricos y patrimoniales de las ciudades e invade competencias de otras administraciones y entidades, como la Iglesia Católica". Del Pozo ha añadido que el anteproyecto "da la espalda a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos, perdiendo una oportunidad histórica para que conservación y crecimiento y desarrollo caminen juntos". La consejera ha asegurado estar "convencida de que la mejor manera de conservar el patrimonio es viviéndolo, y el mayor enemigo que tiene el patrimonio es precisamente separarlo de las necesidades de sus vecinos, del día a día de los vecinos".