Hecho histórico en la lucha contra las parcelaciones ilegales en Córdoba. La Audiencia Provincial ha confirmado la pena de tres años de cárcel y el derribo de una casa a un padre y a un hijo acusados de levantar una edificación en la zona de Las Pitas, ubicada en el enclave catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC) de Medina Azahara.

Esta decisión judicial cambia por completo el debate sobre los delitos contra la ordenación del territorio, pues hasta la fecha ningún vecino de la zona arqueológica ha tenido que demoler su vivienda por haberla levantado de espaldas a la legalidad. El fallo de la Audiencia -contra el que la defensa presentará un recurso de amparo al Tribunal Constitucional en los próximos días- determina que la parcela sobre la que se asienta la construcción -una casa de una sola planta en forma de L de 17 metros de fachada- "es un lugar que legal y administrativamente tiene reconocido un valor digno de protección".

Los argumentos esgrimidos en la resolución judicial por el presidente de la Audiencia, Eduardo Baena, dejan claro que no hay ningún argumento válido que justifique esta acción ilegal, ni siquiera la excusa del desconocimiento de la norma urbanística, una alegación reiterada por las personas implicadas en este tipo de delitos. El máximo responsable del sistema judicial en Córdoba tildó de "sarcasmo" y de "ofensa a la inteligencia de la sociedad y de los tribunales" que los dos acusados alegaran ese desconocimiento cuando no son personas marginales y que estén ajenas a las opiniones sobre esta polémica. El fallo dice que viven desde 1995 en la zona y pertenecen a la asociación de vecinos, creada precisamente para tratar de solventar todos los problemas derivados de la declaración de la zona BIC y de su posterior ampliación.

Baena asegura, además, que es un "hecho notorio" y "sin necesidad de prueba" que la "comidilla" de la ciudad desde hace varios años es todo lo relativo a las parcelaciones ilegales y, "muy en concreto", a las que rodean la ciudad palatina. El magistrado critica también que es extraño que personas del nivel cultural de los acusados fuesen ajenos a una polémica en la que se encontraban directamente interesados por vivir en la zona en cuestión, y que aducir que no existen carteles informativos "es una táctica que los tribunales, salvo ingenuidad supina, no deben admitir". Añade, en este sentido el fallo, que el hecho de que no existan carteles no es un argumento válido, "pues sería tanto como que un conductor, después del bombardeo mediático que existe, dijese que ignoraba que no se pudiese conducir después de ingerir bebidas alcohólicas".

El presidente de la Audiencia no sólo carga contra los dos acusados en este caso, sino también contra las administraciones que han permitido que se llegue a esta situación. Baena reconoce que estos núcleos se han consolidado a través del tiempo merced a una "desidia" de los poderes públicos, que "dio alas" a la población para levantarse las viviendas "a la vista, ciencia y paciencia de aquéllos". Plantea que la solución a este problema no puede pasar por lo penal, "sino que requiere soluciones políticas y administrativas de la restauración de la legalidad".

El juzgado de lo Penal 4 ha condenado recientemente también a tres personas por abrir calles y dividir un terreno en la zona conocida como Cortijo de Quintos, un lugar de especial protección por su valor paisajístico y medioambiental. En este caso, la Fiscalía no reclamaba la demolición de la viviendas, como ha sido la tónica habitual hasta la fecha. La magistrada, además, absolvió durante el juicio a las otras dos personas.