Patrimonio

La Junta en Córdoba tacha de "invasión competencial" el anteproyecto de la Ley de Patrimonio

  • La Administración andaluza presentará 20 alegaciones contra el anteproyecto de dicha normativa que promueve el Gobierno central

Los delegados Antonio Repullo y Cristina Casanueva.

Los delegados Antonio Repullo y Cristina Casanueva. / El Día

La Junta en Córdoba tacha de "invasión competencial" el anteproyecto de la Ley de Patrimonio El delegado de la Administración autonómica en Córdoba, Antonio Repullo, y la delegada territorial de Cultura y Patrimonio Histórico, Cristina Casanueva han analizado las alegaciones presentadas por la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía ante el anteproyecto de Ley de de Patrimonio elaborado por el Gobierno central. Repullo ha tildado de "lamentable" la situación a la que se ha llegado. "Una vez más el Gobierno nos tiene acostumbrados a ir en contra de los intereses de Andalucía", ya que el delegado ha hecho referencia a la "discriminación" de las ayudas a las comunidades autónomas por no tener en cuenta "ratios tan sensatos como la cantidad de población". 

En esta ocasión, en materia de patrimonio,  según el delgado, "han ido a tocar el corazón de todos los andaluces", ya que, "no hay ninguna excusa para cambiar el modelo de gestión y administración, el patrimonio en Andalucía se lleva en perfectas condiciones", ha defendido.

Mientras, Cristina Casanueva, quien ha analizado varios puntos de las 20 alegaciones en total contra el anteproyecto aportadas por la Junta, ha insistido en que "todos esperábamos una Ley de Patrimonio nueva, no cambios de una ley de más de 35 años". 

Casanueva ha remarcado que el texto propuesto por el Gobierno central presenta "importantes limitaciones" para favorecer el abandono y las ruinas de muchos inmuebles de muchos cascos históricos y monumentos. 

Una de las cuestiones en la que debe ahondar este texto, a juicio de Casanueva, es la opción de acoger vecinos que puedan vivir en zonas patrimoniales. "Creemos que es más fácil de conservar si se utiliza y se vive, a que si simplemente se imponemos restricciones", ha defendido.

La delegada ha acusado al Gobierno central de buscar un conflicto con las administraciones de distintos signos en vez de buscar puntos de encuentro. "El Gobierno central, como le ocurre con todo lo que toca, lo hace para causar problemas". 

Casanueva ha recordado que la ciudad de Córdoba cuenta con cuatro inscripciones de Patrimonio Mundial: La Mezquita- Catedral (1984), el Casco Histórico (1994), Los Patios (2012) y Medina Azahara (2018). Salvo la Catedral, todas las demás inscripciones se han realizado después de la creación de la actual Ley de Patrimonio del 1985, unas fecha para las que la delegada ha realizado la siguiente reflexión: "Las cosas se hacen bien cuando los reconocimientos están llegando". 

Estas 20 alegaciones se refieren a situaciones en las que "hay una invasión competencial constante, Aademás de darse una visión carca y obsoleta con las demandadas de la sociedad", ha manifestado. La delegada ha asegurado que este texto se salta sentencias del Tribunal Constitucional, y también ha afirmado que "se cargan el artículo 33 de la ley 14 del 2007" sobre Patrimonio Histórico de Andalucía.

En cuanto a los Bienes de Interés Cultural, según la delegada, se complica la tramitación obligando a proteger "por un lado el edifico y por otro lado todo el contenido que pueda tener, eso crea una inseguridad jurídica, incluso de desprotección".

La Junta de Andalucía tampoco está de acuerdo con la figura planteada de protección de Bienes de Patrimonio Mundial, al igual que se desconoce, según los representantes, como se desarrollarán los trámites de las licencias de obras.

"Vuelven a la carga con las instituciones eclesiásticas", un tema en el que también se ha pronunciado el obispo de la Diócesis de Córdoba, Demetrio Fernández, que tachó a este anteproyecto de "ley invasiva", ha insistido.

Con respecto al patrimonio arqueológico, como cuevas, abrigos o pinturas rupestres, Casanueva ha denunciado que "se elimina el artículo que los declaraba bien de interés cultural, por lo que deja desprotegida parte de la arqueología de nuestra provincia".

Sobre las filmotecas, la Junta cree que no deben ser tratadas como entes, sino como instituciones, además de tener remarcada su función y denominación. Castillos y mecenazgo también son otros de los puntos que se mencionan en estas alegaciones.

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