El mapa de atención residencial en Andalucía tiene muchas lagunas, y aún tendrá más si prospera la medida de eliminar la reserva de plazas por parte de la Administración autonómica, ya que éstas no se amortizan con nuevos beneficiarios por la parálisis de la ley de dependencia.

El volumen de camas asistenciales sólo alcanza al 2,8% de las personas mayores de la comunidad. Con 689 centros y 37.039 plazas (el 76% concertadas o privadas), sólo da cobertura a un 2,8% de la población mayor de 65 años, de 1,3 millones de personas. La ratio de la comunidad se sitúa por debajo de la media nacional (4,3), sólo por encima de Murcia (2,3) y Canarias (2,5), y a una distancia sideral del 5,8% que aconseja la Organización Mundial de la Salud (OMS). Según el informe de Portal de Mayores (plataforma de análisis promovida por el Imserso y el CSIC) con datos cerrados a diciembre de 2012, queda mucho por hacer.

Este documento indica que en España hay censadas 5.533 residencias que suman un total de 344.310 plazas; poco más de un 4,3% de la población candidata a vivir en una de ellas puede hacerlo.

La diferencia de la oferta entre comunidades a este sector de población es muy importante. Castilla-La Mancha (7,5) y Castilla y León (7,2) se sitúan a la cabeza. En un ranking por provincias, las ocho andaluzas se ubican por debajo de la media (ver gráfico). La mejor posicionada en términos relativos, Córdoba, es la número 36 de las 52 provincias.

Ya en un informe especial en 2007 titulado La atención a las personas mayores dependientes en Andalucía, el Defensor del Pueblo andaluz advertía de los bajos niveles de cobertura de Andalucía, inferiores con respecto a la media nacional. Señalaba que en el periodo 2001-2006, la evolución de las plazas residenciales de acceso público para personas mayores había sido creciente. Sin embargo, se produjo un descenso notable entre 2003 y 2004.

La ley de Dependencia iba a suponer un acicate. Se prometieron 4.000 nuevas plazas en Andalucía. La entonces Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta prometió elaborar un mapa para distribuir los centros residenciales, en proporción al número de mayores de 65 años que residía en cada provincia. El índice andaluz pasaría pronto de aquel 2,7 de 2007 -inicio de la aplicación de la ley-, a un 3,15 y quedaría desfasado el Libro Blanco que situaba a la comunidad entre las comunidades que proporcionaban un menor índice de cobertura en los servicios asistenciales.

Una inyección importante para la provisión de plazas residenciales tuvo que haber procedido del Plan E, que en 2009 comprometió la reforma o puesta en marcha de 6.000 nuevas plazas de residencia y unidades de estancia diurna con una inversión de 74 millones de inversión. Estas plazas tenían que estar disponibles para finales de 2011. Pero en estos seis años Andalucía ha visto como han crecido otras comunidades (Galicia le ha igualado y tenía un 2,3 de ratio) y cómo se alejaban otras comunidades que estaban cercanas, como Valencia.

La apuesta de la Junta de Andalucía se ha diversificado hacia otros recursos para personas mayores como los centros de día, la ayuda a domicilio o la teleasistencia. Esta prioridad en la gestión de los servicios públicos atiende a la filosofía de que el mayor permanezca en casa el mayor tiempo posible y no tenga que abandonar su domicilio, pero también a una práctica económica: estos servicios son muchos más baratos que la plaza en una residencia , que puede costar a la Administración unos 6.000 euros anuales.