El día después de conocerse que una menor con deficiencia psíquica  fue violada por otros siete menores -dos de ellos no imputables por estar cerca de 14 años, pero no cumplidos- durante las fiestas del Carmen fue de indignación generalizada en la localidad onubense de Isla Cristina.

Con mayor volumen, en el barrio de residencia de la familia. A la madre de la víctima, Germana Artiel, trabajadora del servicio de limpieza del Ayuntamiento, se la llevaron los Servicios Sociales municipales  por su estado anímico. Antes habló y describió su versión de los hechos, en lo que relató una encerrona de los menores a su hija de 13 años.

A la pequeña vinieron a buscarla varias amigas y dejó que fuera con ellas y con su hermana mayor a las Fiestas del Carmen. "No me gustan los barullos de la feria, yo no quería que fuera", pero finalmente la madre accedió, con el compromiso de que estuvieran de vuelta a la medianoche como máximo.

"Lo tenían todo pensado", afirmó. La víctima iba con sus amigas cuando se encontraron con dos de los agresores, "a los que conozco de por aquí", aclaró, y al tratarse de niños conocidos, las acompañantes de la niña la dejaron con ellos a medio camino de la casa.

El resto de los presuntos agresores -otros cinco-, estaban escondidos, según la madre. "La arrastraron a la playa e hicieron con ella todo lo que quisieron, bajo amenazas, hasta que la soltaron" (tenía moratones y la ropa rajada). "Lo que hicieron es inhumano", lamentó la mujer.

La pequeña no contó nada al principio. "Nos costó mucho que hablara, por las amenazas que había tenido", punto que el que remarcó que "ella no consintió en ningún momento, como dicen que están diciendo por ahí".

Antes de ser atendida, la mujer pidió  a la Justicia que tratase a todos los presuntos autores por igual, sin tener en cuenta la barrera de los 14 años que marca la Ley del Menor. "Son todos iguales, todos estuvieron en el mismo sitio".

En otro punto de la ciudad, esperaban los niños desde primera hora a las puertas del juzgado (apenas levantaban unos palmos del suelo) hasta que fueron llamados por la titular de Menores de Huelva para oírles en declaración. Poco después, pasadas las 10:30, llegaba conducido por la Guardia Civil otro de los presuntos autores de la violación.

La agresión de la pequeña, prácticamente coincidente en el tiempo con un suceso del mismo patrón en Baena (Córdoba), provocaba una oleada de reacciones y desataba de nuevo el debate del endurecimiento de las condenas, no ya a pederastas (como ocurriera tras el crimen de Mari Luz Cortés, también en Huelva) si no de los menores y de su responsabilidad penal.

Mientras el resto del país se dividía en opiniones encontradas, en Huelva el estremecedor suceso dejaba además dos escenarios separados. Uno en la capital, donde familiares y allegados de los presuntos autores de la agresión sexual esperaban acontecimientos en el Juzgado de Menores y un segundo escenario de desconcierto y estupor en las inmediaciones de la calle Lepanto de Isla Cristina, donde vive la víctima junto a su familia.

Seis horas después de que comenzaran las primeras declaraciones, los detenidos  fueron  sacados de la sede judicial en dos vehículos distintos y rodeados de un fuerte cordón policial. Fuentes judiciales confirmaron a este diario que la titular de Menores, Carmen Orland, ordenó el internamiento en un centro para otros dos de los supuestos violadores y decretó libertad vigilada para un quinto implicado (el pasado domingo ya se dictó reclusión para otros dos menores). Los dos niños que no alcanzan los 14 años de edad y que no pueden ser imputados se encuentran en sus casas con sus familias.

La propia titular del Juzgado de Menores de Huelva, Carmen Orland, calificó ayer de "polvorín" la situación en el municipio de Isla Cristina por la falta de políticas sociales y consideró que "hay que trabajar con los menores" para darles una salida, rechazando que la respuesta sea en todos los casos ingresar a estos chicos en centros de trastorno de conducta, como sugirió el Defensor del Menor andaluz, José Chamizo.