La Hacienda pública andaluza gana a la banca

No siempre gana la banca. A veces, es la Hacienda pública la que se lleva el gato al agua ante los tribunales. Como en este caso en el que dos bancos, Bankinter y Abanca, pedían a la Junta de Andalucía una reclamación patrimonial por cuatrocientos mil euros más intereses cada una de ellas.

Un pleito que han perdido tras la última sentencia del Tribunal Supremo que este martes llegó hasta la mesa del Consejo de Gobierno para su toma de conocimiento y el cierre definitivo del expediente que ha recorrido los vericuetos administrativos de la administración autonómica y de los tribunales durante catorce años.

Como en tantos pleitos entre particulares la clave ha sido la prescripción. Es decir, la Junta no les va a devolver el dinero que le reclaman porque los hechos ya han caducado. Y la historia tiene su interés. El Gobierno andaluz de 2011, presidido entonces por José Antonio Griñán, creó un impuesto a los depósitos bancarios que incluía una deducción de 200.000 euros al año para las entidades que tuviesen su sede en la comunidad autónoma de Andalucía. El impuesto sólo estuvo vigente durante los años 2011 y 2012.

Bankinter y Abanca pagaron dicho impuesto sin la bonificación, pero lo recurrieron ante los tribunales y se han llevado pleiteando desde entonces. Defendían que ellos también tenían derecho a esa reducción en el tributo. En el año 2021, el Tribunal Supremo planteó una cuestión prejudicial al Tribunal Superior de la Unión Europea que dictaminó que, efectivamente, esa cláusula de bonificar sólo a los bancos con sede en Andalucía era discriminatoria y, por lo tanto, nula.

Con esa sentencia, el Tribunal Supremo de España llegó a la conclusión de que los dos bancos que habían recurrido, también tenían derecho a acogerse a esa deducción de 200.000 euros cada año puesto que los dos tenían actividad en la comunidad autónoma.

De esta manera se volvía a alargar el proceso judicial ya que tanto Bankinter S.A. como Abanca Corporación Bancaria no han cejado de los pleitos, convencidos de que ese impuesto del Gobierno andaluz era ilegal. Y ahora se ha producido el desenlace final. La Junta de Andalucía, es decir, la Hacienda pública autonómica, no tiene que hacer frente a la reclamación patrimonial que le han hecho los dos bancos puesto que el asunto ha prescrito.

Los dos bancos solicitaban no sólo que le abonasen la bonificación de los 200.000 euros cada año, es decir cada una de ellas pedía 400.000 euros por los dos ejercicios en los que estuvo vigente el impuesto autonómico, sino también los intereses por ese dinero que no ha estado en sus cuentas durante más de catorce años.

Los responsables de la Hacienda andaluza no han calculado el coste total de la operación ya que no han reconocido en ningún momento que debían pagar los intereses de ese dinero. Pero el resultado ha sido, al menos favorable en 800.000 euros para las arcas públicas.