La juez Mercedes Alaya cumple hoy 54 días de baja laboral por enfermedad, una ausencia que ha paralizado la investigación de los voluminosos sumarios que instruye, como el escándalo de los ERE fraudulentos, y que a la larga podría beneficiar a los imputados. La magistrada, que tiene 49 años y lleva varios días hospitalizada en una clínica sevillana, se dio de baja el pasado 12 de septiembre, aquejada en principio de unas fuertes cefaleas. Desde entonces, la instrucción de estas causas que Alaya instruía directamente, se encuentran paralizadas y en el sumario sólo se realizan actuaciones meramente burocráticas, como el traslado de recursos de algunas de las partes, pero no se dicta ninguna resolución que afecte al fondo de la investigación.

El juez Iván Escalera, que fue nombrado como refuerzo de Alaya, ha dictado algunas resoluciones dictadas con la causa, como la rebaja de la fianza a 50.000 euros al ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, pero desde que Alaya se dio de baja no se ha practicado ninguna diligencia propiamente instructora, como la toma de declaraciones de imputados o el dictado de resoluciones trascendentes para la causa. De hecho, el último auto firmado por la juez Alaya tiene fecha del 31 de julio, cuando impuso una fianza de responsabilidad civil de 490 millones de euros al ex viceconsejero de Empleo Agustín Barberá, de otros 173 millones al ex director general de Trabajo Juan Márquez, y de siete millones su sucesor en el cargo, Daniel Alberto Rivera. Después de dictar este auto, la magistrada se fue de vacaciones y, a su regreso, a principios de septiembre, cayó enferma, lo que le llevó a darse de baja con fecha 12 de septiembre.

Algunas fuentes apuntan que la magistrada, a pesar de que actualmente continúa hospitalizada, habría pensado en incorporarse pronto a su juzgado, pero su ausencia durante este tiempo plantea muchos interrogantes sobre lo que podría pasar en caso de que esa reincorporación no se hiciera efectiva a largo plazo, esto es, por un período prolongado de un año. En ese supuesto, podría declararse una situación de incapacidad laboral que terminaría con la salida a concurso de la plaza titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, según explicaron fuentes del caso.

El nuevo juez que lograra dicha plaza tendría que retomar entonces la macroinvestigación de Alaya y, en concreto en la causa de los ERE fraudulentos, tendría que revisar los más de 30.000 folios que actualmente se acumulan en los 60 tomos de sumario, aunque si se tienen en cuenta los documentos anexos la cifra de folios se incrementan en otras decenas de millar. El nuevo magistrado necesitaría varios meses sólo para ponerse al día y, a partir de ese momento, retomar la actividad instructora, con la toma de declaraciones y la práctica de nuevas diligencias.

En lo que sí parecen estar de acuerdo algunas fuentes consultadas es que la investigación de las irregularidades sin Alaya no sería la misma, puesto que ningún magistrado sería capaz de instruir con sus mismos criterios. Alaya ha actuado en esta causa siguiendo un criterio extensivo: lo que comenzó por un caso de cohecho en la empresa pública Mercasevilla, derivó en la investigación de irregularidades en las ayudas vinculadas a los ERE que por ahora no tiene límites. La magistradas ha seguido abriendo nuevas líneas de investigación donde otros jueces habrían puesto un punto y final.

De llegar al juzgado un nuevo juez, a buen seguro que pararía las investigaciones en el momento en el que se encuentran actualmente, a la espera de que la Guardia Civil entregue un nuevo atestado relacionado con la posible participación del ex consejero de Empleo José Antonio Viera en la concesión de un importante número de ayudas a la Sierra Norte. Si de ese informe se desprende la presunta imputación de Viera, el caso tendría que remitirse al Tribunal Supremo.

Otras fuentes entienden que la ausencia de Alaya beneficia a los imputados, por cuanto aunque no cabe la prescripción del delito respecto a estas personas, sí que se les podría aplicar alguna circunstancia atenuante por las dilaciones indebidas en el procedimiento. El cambio de juez instructor conllevaría, según estas fuentes, que se levantara la imputación a algunos de los actuales imputados sobre los que los indicios son aparentemente débiles, como algunos técnicos de la Consejería de Empleo.

Y lo mismo ocurriría con las otras macrocausas que investiga la juez, como el delito societario del ex mandatario del Betis Manuel Ruiz de Lopera, o las que están más directamente relacionadas con Mercasevilla, como el delito societario que se atribuye a los ex directivos o las irregularidades detectadas en la venta de los suelos, un sumario este último cuya instrucción que está prácticamente finalizada.